Con la venia, señoría

Ana Lorenzo Fernández
Ana Lorenzo A CORUÑA

A CORUÑA

KOPA

Crónica | El programa «Educación en xustiza» llega al IES Puga Ramón

28 mar 2007 . Actualizado a las 07:00 h.

?eatriz Rama Insua regresó ayer al instituto después de muchos años de ausencia. Aunque, en esta ocasión, no lo hizo como estudiante, sino como magistrada del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, encargada de explicarles a los alumnos del Rafael Puga Ramón cómo funciona la administración de justicia. Lo primero que hizo Beatriz Rama fue advertir a los jóvenes que los juicios que se celebran en España no tienen nada que con los que se muestran en las películas americanas, «empezando porque los jueces no llevan peluca, sólo toga, y porque los abogados están sentados en el estrado y no tienen que levantarse ni pasear». Asimismo, explicó que la diferencia entre un juez y un magistrado se debe básicamente a una cuestión de años de experiencia que permite acceder a la segunda categoría, y que la toga de estos últimos lleva puñetas blancas en las mangas y un escudo dorado. También especificó que las faltas son más leves que los delitos, y que todos los jueces pueden haber errado en alguna ocasión. «Yo seguro que me he equivocado muchísimas veces, y en algún caso he podido comprobar que me equivoqué. Todos somos humanos, y para remendar nuestros errores están los recursos, que pueden incluso anular las sentencias. Rectificar es de sabios», confesó Beatriz Rama. Tras ver un vídeo explicativo, se dio paso a una pequeña representación judicial, en la que estaban imputadas dos jóvenes menores de edad que, presuntamente, habían robado prendas de ropa en una tienda y habían agredido a la dependienta que intentó evitar que huyeran con el botín. Las acusadas -que eran alumnas del centro- fueron interrogadas por sus compañeras, que ejercían el papel de fiscal y abogada defensora ante la mirada de la magistrada. Después de escuchar todos los testimonios de la víctima y los testigos, Beatriz Rama emitió su veredicto y condenó a cada una de las jóvenes a doce meses de libertad vigilada y otro año más de tareas socioeducativas.