Oleiros Lo responsabilizan de intentar dilatar el proceso La familia Yordi dice que tratan de poner a los afectados en su contra
19 oct 2006 . Actualizado a las 07:00 h.Los herederos de José Yordi de Carricarte, uno de los dos denunciantes del exceso de altura de la urbanización Casa Sara en Santa Cristina, tildan de provocación las declaraciones realizadas esta semana por el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, sobre el fallo judicial que obliga a derribar la cubierta de los edificios. Matizan que ellos, junto al otro denunciante, son los grandes perjudicados por la actitud del Ayuntamiento, al que acusan de perpetuar una situación ilegal y de incitar a los residentes de Casa Sara para ponerse en su contra. Aseguran, frente a lo dicho por García Seoane, que «en ningún momento hubo voluntad de llegar a un acuerdo» por parte del Concello y recalcan que no desean perjudicar a nadie. «A lo único que aspiramos es a que se nos compense por una situación declarada ilegal hace veinte años y confirmada en sentencia firma hace más de diez», explican en un comunicado, y acusan al Ayuntamiento de retrasar una solución entre las partes. Rechazan que el Concello haya iniciado las negociaciones hace año y medio y califican de irónico que «el alcalde pueda tachar de politización una sentencia firme cuya ejecución o arreglo ha obviado durante la última década». «No será más bien que lo que se ha politizado es la no ejecución poniendo trabas y maniobras dilatorias para no llegar a ningún acuerdo y ahora pasarles la patata caliente a los propietarios de Casa Sara», argumentan. Además, responsabilizan a García Seoane de haber autorizado que se abriese en 1996, cuando ya había una sentencia firme, ventanales en las cubiertas de los tejados que deben ser derribados y a realizar obras de mejora en los bajocubierta. Los herederos de José Yordi de Carricarte consideran «lamentable» que el regidor deje en manos de los vecinos la posibilidad de llegar a un acuerdo y aseguran que el coste de ejecución del fallo supera los 1,8 millones de euros, cifra en la que lo cuantifica el Ayuntamiento. Puntualizan que en la reunión con los responsables municipales se les ofreció la recalificación de sus propiedades y aseguran que es una mentira decir que fueron ellos quienes la solicitaron. También apuntan que es falso que se les hayan ofrecido distintas parcelas, por valor de 660.000 euros, para evitar el derribo. La respuesta de esta familia viene motivada por las declaraciones realizadas por García Seoane esta semana al anunciar que llevará a pleno la habilitación de una partida para sufragar el coste de la sentencia judicial que obliga a modificar el tejado de la urbanización.