La medida se llevó a cabo 17 días después de la inspección que forzó el cierre Medio Ambiente dice que hay un expediente abierto contra los antiguos gestores
21 abr 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?n equipo de la Xunta de Galicia acudió ayer -17 días después de la denuncia que motivó el cierre- a las instalaciones de Betanzos y Bens de la protectora San Antonio Abad. La consellería de Medio Ambiente informó de que dos veterinarios y cinco asistentes se hicieron cargo de los centenares de animales -la mayoría enfermos- a los que, además de contar, calificarán para determinar qué pueden hacer con ellos. Apa Fauco, el grupo de personas que denunció el mal estado de las instalaciones, incidía ayer en la lentitud con la que se están llevando a cabo las acciones: «Estamos hablando de seres vivos, que han estado esperando casi un mes a estas personas en unas condiciones de abandono total», explicaba ayer María Granel, portavoz de este grupo y al que no se permitió entrar en las instalaciones con los técnicos de la Xunta. «Nosotros también somos veterinarios y podemos ser de gran ayuda. Así que no entendemos por qué no podemos entrar ni siquiera como observadores, mientras que la presidenta de la protectora, que ha llevado a esta institución al estado en el que se encuentra, puede acceder libremente a las instalaciones. Una persona que ha intentado agredir a la gente que se acercaba a la perrera», denunciaban desde esta entidad, que ha presentado un proyecto para fundar una entidad que pueda hacerse cargo de los animales y evitar así que sean sacrificados. Los responsables de Fauco han logrado que empresarios como Antonio Pernas o el colegio de veterinarios se unan a su proyecto, que exponen en la página www.fauco.es, pero no han logrado convencer a la Xunta de Galicia. El portavoz de la Consellería de Medio Ambiente explicaba ayer que tenían constancia de la propuesta de Fauco, pero que «antes de nada, debían poner todo en orden». Asimismo, justificaron la tardanza en entrar en las instalaciones para atender a los perros por los trámites que tuvieron que realizar. «Los terrenos en los que está la perrera de Bens son municipales y los situados en Betanzos son propiedad privada. Hemos tenido que pedir permisos diferentes y especiales». También aclaraba que «hay un expediente abierto contra la presidenta de la perrera que está pendiente de la declaración de ella».