Análisis | Intervención de la Xunta en Sada Sada está dividida entre quien ve en los nuevos bloques de cemento que se han erigido un signo de modernidad o la imagen del feísmo y la falta de planificación
06 dic 2005 . Actualizado a las 06:00 h.La decisión de la Xunta de retirar las competencias urbanísticas al gobierno municipal de Sada ha estado precedida de una serie de escándalos que no han hecho más que polarizar la vida municipal y enturbiar las relaciones entre distintas administraciones. Mientras el gobierno de Ramón Rodríguez Ares asegura que ha conseguido dotar de servicios a todas las parroquias y modernizar el municipio, la oposición lleva años criticando lo que consideran que son despropósitos en el ramo de la construcción y un nulo interés por conservar elementos singulares. Porto Infanta. El gobierno municipal defendía esta urbanización alegando que supondría la creación de 100 puestos de trabajo y 1,3 millones de ingresos en las arcas municipales. Frente a esta lectura, la oposición y una plataforma vecinal calificaban la operación de especulativa. Finalmente el TSXG anuló el plan parcial por considerar que provocaría un efecto de apantallamiento, que excedía en la densidad de viviendas y de edificación, además de no respetar la ley de costas. Castillo de Fontán. El gobierno cuatripartito consiguió adquirir la parcela donde se levantan las ruinas del castillo de Fontán, monumento incluido en el escudo municipal. La oposición echó en cara a Rodríguez Ares que dejara, durante su mandato, cerrar la parcela y que autorizase que se levantase allí una casa prefabricada, acabando con los escasos vestigios históricos que quedaban en la zona. Humedal de As Brañas. Las obras realizadas en una parcela situada junto a una zona protegida que se pretendía ceder a la Xunta para construir un nuevo colegio originó numerosas protestas vecinales y la Xunta intervino incluso para paralizar parte de los trabajos. El gobierno municipal considera la zona como idónea para el centro escolar, pero la oposición reclama que se ceda otra parcela a Educación. Derribos. En los últimos años, la oposición ha criticado que se permita el derribo de casas protegidas, además de reclamar protección para edificaciones civiles de alto valor arquitectónico. ?yudantía. El nuevo salón de plenos no estuvo tampoco exento de polémica. El gobierno había dado licencia para la reforma y ampliación de 37 viviendas detrás de la Ayudantía, que no llevaban zona de aparcamientos, pero los constructores los realizaron. Finalmente, se legalizaron los garajes a cambio de que los promotores reformaran el edificio municipal. Fontán. Las actuaciones en el barrio representativo de la tradición marinera de Sada son algunas de las más cuestionadas. Desde la oposición se reclama que se ponga en marcha un plan integral para recuperarlo y evitar con ello que se siga degradando. Ventas polémicas. El BNG denunció hace un año que el gobierno vendía «a prezo de ganga» el patrimonio municipal. Como ejemplo, informó de que un solar de 196 metros cuadrados, con 1.300 de edificabilidad, que el ejecutivo local había enajenado por 222.600 euros había sido valorado por una firma de tasación en 400.000 euros. Plan Xeral. Un informe de la Xunta rechazó el avance del plan urbanístico por considerar que existían múltiples irregularidades, entre las que se destacan que no se aporta justificación para la construcción de 30.000 viviendas nuevas.