A mediados del 2006 se cumplirán diez años desde que se pidió la supresión del peaje por primera vez. Después de cientos de propuestas de liberalización, continúa sin ser gratuito
24 oct 2005 . Actualizado a las 07:00 h.?na, dos, tres, y hasta cuatro veces repitió el ex conselleiro de Política Territorial Xosé Cuíña que conseguiría la eliminación del peaje de A Barcala. En enero del 2003 se despedía de su cargo, pero eran otros -en concreto, su sucesor, Alberto Núñez Feijoo- los que recogían el testigo y volvían a prometer que este tramo de la autopistas AP-9 sería liberalizada. Antes, sin embargo, esta propuesta ya había recibido el respaldo del entonces ministro de Fomento, Álvarez Cascos, que en octubre del 2002 había afirmado que apoyaría «cualquier iniciativa para suprimir el peaje, siempre que se respete el necesario equilibrio financiero». Como ocurrió en todas las ocasiones previas: la promesa cayó en saco roto, y los usuarios tuvieron que seguir tirando de la cartera para poder circular por este trozo de nueve kilómetros de autopista. A lo largo de estos casi diez años, la corporación coruñesa ha sido una de las que más se ha movilizado para conseguir la liberalización de este canon, y, ya en 1996, Javier Losada anunciaba que había «un interés continuo del gobierno local en que se suprima el peaje». La diputada socialista Carmen Marón incluso llegó a presentar -en abril de 1999- una proposición no de ley en el Congreso para que esta supresión fuese efectiva, algo que finalmente no sucedió porque el grupo del PP consideraba que el precio del peaje era «simbólico». Tarjeta Mientras el Gobierno central no accedía a esta petición del Ayuntamiento coruñés -al que se unirían los demás concellos de la comarca, así como distintos colectivos vecinales, políticos y sociales-, la Xunta y la Diputación decidían financiar unas tarjetas de descuento para los usuarios más habituales de este tramo, medida de la que se benefician algo más de dos mil personas residentes en el área metropolitana. Sin embargo, ése ha sido el único avance que se ha conseguido en la última década, puesto que recientemente el Ministerio de Fomento explicaba al diputado nacionalista Francisco Rodríguez que, por el momento, no podía acometer la supresión del peaje de A Barcala. Aludía el Gobierno central a que esta medida no se podía tomar de manera aislada, ya que existen más solicitudes de liberalización de otros tramos de autopista en España, y asumir el coste de todo ello supondrían pagar «indemnizaciones inasumibles». En resumen: diez años más, decenas de promesas incumplidas, y el mismo peaje.