El desarrollo urbanístico de San Diego, así como de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, donde habrá un hotel y edificios institucionales, será objeto de un minucioso control. Los ministerios de Fomento y Vivienda, el Ayuntamiento, la Xunta, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de A Coruña y Renfe participarán en la comisión de seguimiento que se creará a tal efecto. La recalificación de terrenos debe aportar 150 millones de euros a las obras del puerto exterior. Es una cifra similar a la prevista cuando se planteaba un 20% de pisos protegidos, frente al 50% del nuevo convenio. Por ello, deberá reducirse el beneficio de las inmobiliarias, o aumentar la edificabilidad hasta un máximo de 5.500 pisos. No obstante, el documento suscrito por Magdalena Álvarez y Francisco Vázquez es claro en su filosofía: «El cambio de uso debe servir para la mejora y desarrollo de las estructuras urbanas de A Coruña, para conseguir un cierre de la fachada marítimo-urbana de calidad arquitectónica y la integración en sus sistemas funcionales... con los mejores resultados estéticos posibles».