Frases de indignación y numerosas preguntas sobre si es legal que José Luis Santamaría, concejal de Sada y médico de familia en esa localidad, haya incluido un listado de nombres en la denuncia que ha presentado contra tres miembros de la Plataforma Cidadá pola Democracia en Sada fue lo que destacó de la asamblea informativa, en la que este colectivo informó sobre esa querella. Unas 70 personas asistieron al encuentro, la mayoría antiguos pacientes de Santamaría, que se dieron de baja de sus servicios por diversos motivos, pero que el edil considera que se vieron coaccionados por las acciones puestas en marcha por la Plataforma Cidadá como consecuencia de que él, que en su día fue cabeza de lista socialista, respaldara una moción de censura para devolver la alcaldía a Ramón Rodríguez Ares. En la reunión, portavoces del colectivo explicaron los supuestos motivos de la denuncia contra tres de sus miembros y el edil Manuel Paz Leis, por supuestas calumnias e injurias hechas con publicidad, y contra el ex alcalde Abel López, por un delito contra la intimidad. Falta de confianza Si bien se dejó claro que el hecho de que Santamaría presente los listados aportados por el Sergas de sus antiguos pacientes no puede ser denunciado, cuestión que preocupaba a los asistentes, también se informó de que la ley de sanidad reconoce la pérdida de la confianza en el facultativo como suficiente motivo para pedir el cambio de doctor. La Plataforma puso a disposición de los asistentes un papel que se encabezada con la frase «a decisión de causar baixa no cupo do Sergas nº 15576176, adscrito ó Dr. José Luis Santamaría foi tomada libre e voluntariamente por min», y en la que se dejaba un espacio en blanco para que cada uno explicara su motivación. Estas declaraciones serán aportadas para la defensa de los denunciados, que revelaron que Santamaría también presentó informes policiales de asistentes a las protestas. Por su parte, la concejala Elena Ramallo, informó de que la querella que interpuso en el 2001 contra el alcalde por malversación continuada de caudales públicos y prevaricación fue remitida al juzgado de Betanzos por el Supremo, quien a su vez debe dar traslado a la Audiencia Provincial para la resolución de la causa.