La alcaldesa oleirense denuncia un acuerdo aprobado por el pleno municipal y utiliza como defensor al abogado del Ayuntamiento
23 oct 2002 . Actualizado a las 07:00 h.Si Samuel Becket hubiese asistido a un pleno de Oleiros, tendría argumentos suficientes para hacer todavía más famoso su teatro del absurdo. El motivo de la asamblea extraordinaria de ayer era para hablar sobre el recurso presentado por la alcaldesa oleirense, Esther Pita, contra el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del reglamento orgánico municipal referente a tres artículos. «Estamos rozando os límites da decencia política e o sentido común, porque un grupo pode demandar un acordo plenario, pero non en nome da alcaldía pode contratar a un procurador e a un abogado con diñeiro público. Esto é una demostración de esquizofrenia mental», manifestó el portavoz del BNG, Antón Tenreiro, quien se abstuvo de votar. Para el representante socialista, Luis Vázquez, era incomprensible que una vez que llegó la comunicación urgente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no se comunicase a los miembros de la corporación «cando ten fecha de entrada do día 17 de octubre e a nós nos chega o 23, cando só hai dez días para presentar alegacións». «No es de recibo que usted, -dirigiéndose a Esther Pita- que debería velar porque se cumplan los acuerdos plenarios, se ponga en contra de ellos», afirmó Fernández Rosende, mientras que su compañero del PP Oswaldo García concluía que «esto es un error procesal porque figurará como demandante y demandada el nombre de la alcaldesa». Alfredo Novoa, teniente alcalde de Oleiros, se defendió, alegando que muchas veces se aprueban acuerdos que luego son ilegales. Pero lo mejor estaba por llegar. Después de que Tenreiro propusiese para defender la postura del pleno al mismo abogado y procurador del Concello que tomarán parte por Esther Pita, y calificar el debate como «un espectáculos dos muñecos do guiñol», Vázquez preguntó si el escrito del TSXG había sido registrado o sólo había llegado el fax. Cuestión que completó Rosende, inquiriendo sobre si ese papel tenía validez legal. El ambiente se fue caldeando, a lo que contribuyó que la secretaria afirmase que «as notificacións por fax son de discutible validez». Sin dar tiempo a réplica, Esther Pita dio pasó a la votación y levantó la sesión sin contar que había nueve votos a favor, nueve en contra y una abstención. Al final, los representantes del pleno tendrán un abogado y un procurador propios que los defiendan delante de los del Concello. Pero lo más absurdo se produjo cuando, al terminar la sesión, se comprobó que el dictamen del TSXG había entrado el martes.