El Ayuntamiento lleva seis años sin cumplir el trámite que permitiría recibir ayudas de Fomento y el IGVS El programa ha invertido 50 millones en 17 localidades gallegas
02 oct 2002 . Actualizado a las 07:00 h.Son dieciesiete las localidades gallegas que han reformado las viviendas de sus cascos históricos con subvención del Ministerio de Fomento y el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). En la lista figuran todas las grandes ciudades excepto dos, Pontevedra y A Coruña. Para optar a estas ayudas es necesario cumplir una condición: el Concello de turno tiene que declarar un Área de Rehabilitación Integrada (ARI), es decir, elaborar un proyecto en el que se delimite qué zona se quiere reformar. Seguidamente, Fomento analiza la propuesta y decide si aprueba la declaración de ARI. Una vez cumplido este trámite, se firma un convenio con los concellos, que les permite optar a subvenciones del ministerio y del IGVS. El programa lleva funcionado desde 1996. El «milagro de Allariz», su mutación urbanística, se ha realizado en buena parte gracias a este programa, del que ha recibido 8,5 millones de euros. Santiago (6,9), Viveiro (6,7), Lugo (6) Vigo (4,5), Ourense (3,6) y Mondoñedo (2,6) van por el cuarto convenio. El tercero han firmado Allariz y Ribadavia (1,8). Vilalba (1,3) y Chantada (1,4) llevan dos. Este año se han incorporado Ferrol, Cambados, Cangas, Muros, Noia, Ribadeo y Tui. Retraso Entre 1996 y el 2002 se han invertido 50 millones de euros y se han rehabilitado 2.100 viviendas. Ese dinero lo aportan entre Fomento, IGVS, los respectivos ayuntamientos (que reurbanizan las zonas reformadas) y los propietarios de las viviendas, que pagan entre el 15 y el 50%. Seis años después de que se declarase la primera ARI, que fue Allariz, el Ayuntamiento de A Coruña sigue sin cumplir este trámite. El BNG ha denunciado en el Parlamento Gallego la «falta de vontade e neglixencia» del gobierno local coruñés, que, a su entender, se ha excluido de este plan. Si estuviese acogido a él, la reforma de la galería multicolor de la Marina le saldría mucha más barata a sus dueños, explica Mario López Rico, concejal del BNG en María Pita.