DOCUMENTACIÓN
18 feb 2002 . Actualizado a las 06:00 h.La guerra contra el peaje de A Barcala estalló en 1996. La oleada de protestas, incluida una movilización en Madrid de alcaldes de la comarca en 1999, y un interminable cruce de declaraciones no dio resultado hasta el 9 de agosto del 2001, cuando el propio Cuiña anunció que la Xunta asumiría con la Diputación -que se había ofrecido dos años antes a hacerse cargo del coste-, la supresión. Y lo haría antes del 2002. Con tal plazo, el Consello de la Xunta aprobó casi in extremis, el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, firmar el convenio con la Diputación para la gratuidad del tramo, aunque sólo para los viajeros con más de diez y menos de ochenta desplazamientos al mes. Una tarjeta serviría de herramienta de control para registrar los recorridos. Hoy por hoy, se desconoce qué entidad emitirá la tarjeta y hasta Audasa asegura que carece de información al respecto, por lo que la liberalización se retrasará, al menos, hasta el mes de abril. Sesenta millones de pesetas (360.607,26 euros) parecen tener la culpa.