La Diputación y la Consellería de Política Territorial se repartirán al 50% el coste de la supresión del ya célebre peaje de A Barcala. Las dos instituciones públicas abonarán a la empresa concesionaria, Audasa, los 60 millones de pesetas (360.607,26 euros) que recauda anualmente por este concepto y que, si se cumplen las promesas, dejará de ingresar a partir del 2002. Desde la Diputación de A Coruña se recalcó ayer la voluntad de la corporación provincial por «colaborar decididamente» con la Xunta para lograr la eliminación del peaje de la A-9 entre A Coruña y A Barcala. Un portavoz de la Diputación recordó ayer que el organismo ya tiene reservada este año una partida de 30 millones de pesetas (180.303,63 euros) para pagar su parte de la compensación y que en los presupuestos del 2002 se prevé incluir una cantidad similar para poder cubrir el importe que dejará de percibir Audasa.