SUSANA BASTERRECHEA LA ENTREVISTA Miguel Carrero, presidente del Colegio Médico Provincial Lleva dieciséis años al frente del Colegio Médico Provincial y el viernes renovó mandato, el quinto. Miguel Carrero, jefe del Servicio de Traumatología del hospital Juan Canalejo, pretende recuperar el diálogo perdido por los galenos y la administración. «Podemos aportar experiencia y soluciones a problemas viejos y enquistados», afirma. Critica la precariedad laboral de la profesión y apuesta por la medicina humanista. «La relación del médico con el paciente es más fría y distante que antes», comenta.
20 oct 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Miguel Carrero tiene por delante lograr una mayor sintonía con la administración. «Es vital que los criterios profesionales estén presentes en las decisiones de la administración en temas sanitarios», dice. -¿Qué otras líneas de actuación se han marcado? -Los médicos debemos ser útiles en la educación sanitaria de los ciudadanos e intensificar las relaciones con las organizaciones civiles para realizar actividades de divulgación. -¿Y evitar así la alarma social ante casos como las vacas locas o el carbunco? -Sí. La posibilidad de que España sea objetivo de bioterrorismo es remota y el ántrax no es desconocido ni necesariamente mortal. La mala educación sanitaria tiene efectos colaterales más indeseables que la propia causa patógena como colapsar los hospitales y crear angustia colectiva. -¿Cree que los médicos tienen mala imagen? -La imagen se ha deteriorado con el tiempo y la relación con el paciente es más fría y distante que antes. -¿El deterioro es también salarial? -La situación laboral es precaria. El 60% de los médicos son interinos o tienen contratos basura por días o semanas de menos de cien mil pesetas. Tampoco hay estabilidad porque faltan concursos para plazas o de traslado. -Otra de sus demandas es acabar con el intrusismo... -La administración debería perseguir más las prácticas que ponen en peligro la salud del paciente. En cuanto al intrusismo interprofesional, hace falta una ley estatal que delimite competencias.