Un crowdfouding -palabreja de moda que viene a definir la práctica de juntar dinero entre muchas personas para un fin concreto- ha permitido salvar el castillo de La Mothe-Chandeniers, en el Valle del Loira francés, donde este tipo de construcciones son tanto o más abundantes que aquí los dólmenes. Un total de 18.632 inversores -la cuota mínima era de 50 euros- de 115 países lograron juntar los 1,6 millones necesarios para hacerse con la propiedad y rescatarla del abandono que se cernía sobre ella.
Aunque el Loira no sea precisamente un afluente del Xallas o del Anllóns, cabe preguntarse hasta que punto estas u otras fórmulas de economía colaborativa tienen o no algún tipo de posibilidad y de sentido en la Costa da Morte, porque necesidades parecidas las hay y muchas. Basta con imaginarse que sería ahora de las Torres do Allo o el Castelo de Vimianzo de no haberlos comprado en su día la Deputación y también con proyectar que puede pasar con otros bienes similares en manos privadas a lo largo de los próximos años, dado que invertir grandes cantidades de dinero en comprar bienes patrimoniales no pasa ahora por la cabeza de gestor político alguno.
No hace falta irse al célebre «si una peseta diera cada español...» de Lola Flores ante sus problemas con Hacienda para entender que la fórmula es factible, porque más que en estos momentos esté alejada de los usos sociales y también de las políticas de la Administración, ya que aquí no hay leyes que verdaderamente incentiven el mecenazgo como en el mundo anglosajón. Llegaría -haciendo un poco las cuentas de la lechera- con que cada vecino de la Costa da Morte, que han bajado ya hasta los 111.479 según los últimos datos, pusiera lo que se supone que ha gastado este año en la lotería de Navidad: 66,16 euros, que es lo que dicen las estadísticas sobre la media española. Serían 7,3 millones de euros, más que suficientes para comprar el Castelo do Cardeal de Corcubión, por el que piden tres millones y quizás también el del Príncipe, en A Ameixenda (Cee), porque está a la venta por seis, pero la última vez que se hizo efectiva su compra quedó en apenas la mitad.
Son ejemplos extremos, que no se van a dar de hoy para mañana ni en los sueños de los que piden que los compre la Xunta, pero que sí invitan a reflexionar sobre la capacidad de influir que tienen los ciudadanos de a pie -por supuesto se actúan de manera coordinada en aras de un mismo objetivo- en su entorno inmediato y cuestiones que les afectan, porque ha quedado más que demostrado que esperar siempre por papá Estado, Xunta, Deputación o lo que se quiera, no siempre funciona.