Ante las últimas declaraciones en los medios del alcalde de Ponteceso, Lois García Carballido, queremos realizar una serie de puntualizaciones. Hay una querella interpuesta por la secretaria municipal por presuntos delito de acoso y prevaricación. La Audiencia Provincial dice que sí existen indicios de que Carballido actuó en esos términos contra la funcionaria. Existen también otros procesos abiertos por acoso a trabajadores municipales: empleados que denuncian que son perseguidos por detectives privados, que el alcalde los amenaza, se presenta en sus casas en días de libranza, les obliga a realizar trabajos peligrosos sin facilitarles medidas de seguridad y poniéndolos en riesgo.
Hay una denuncia por supuestos actos vandálicos dentro de la casa consistorial en la madrugada del 25 de agosto de 2016, con un silencio injustificado por parte del regidor. Otro trabajador denunció a quien, supuestamente, le han falsificado su firma para repostar un tractor municipal el 2 de julio del 2016, por quien parece ser un familiar de un concejal. Esta persona no está autorizada por no ser personal municipal. Tampoco se sabe el uso que se le dio al tractor.
Hay denuncias de la Policía Local ante la Subdelegación del Gobierno por recibir órdenes ilegales por parte del alcaldía donde se dan pautas para que antes de multar, se le informe de quién es el infractor.
Estos, entre otros muchos, son los hechos que soportamos y denunciamos. Pedimos que estas cuestiones se resuelvan donde procede, en los organismos competentes, y que nos dejen trabajar por parte de quien, estado denunciando por la Fiscalía Provincial de A Coruña por presuntos delitos de amenazas y coacciones, no es capaz de solucionar esta situación y continúa atacando e insultando en los medios de comunicación a todos los empleados, probablemente con la finalidad de tapar así su gestión. Insultos como golpistas y demás lindezas, aparte de definir quién es el alcalde, serán objeto de denuncia por injurias. Exigimos respeto y que se deje de intentar mezclar la situación con los trabajadores con asuntos políticos. El comité de empresa y representantes del personal funcionario.