Cada cierto tiempo suelen aprobarse reformas legales con unos objetivos loables y lógicos. Pero también es verdad que en muchas ocasiones sus resultados quedan finalmente, una vez que entran en vigor, muy lejos de las pretensiones iniciales.
Se cumple ahora el primer aniversario de una importante reforma de la legislación procesal penal que, además de otras modificaciones de menor importancia, fue polémica por la medida, criticada por muchos, de que la instrucción de todos los procedimientos penales debía estar finalizada, salvo casos específicamente delimitados, en un plazo máximo de seis meses. Aunque esa reforma también incorporó otras novedades, de las que no se habló tanto, como la referida a la necesidad de archivar provisionalmente aquellos otros procedimientos en los que, a la vista de las primeras diligencias, no resultare autor conocido.
Es cierto que esta clase de reformas suelen necesitar un período de tiempo más largo que el hasta ahora transcurrido para contar con datos reales que permitan deducir conclusiones fiables. Sin embargo, visto desde nuestras comarcas, en las que tanto el partido judicial de Carballo como el de Corcubión están dotados de juzgados mixtos, que han de conocer tanto de los procedimientos penales como los civiles, la incidencia de las modificaciones legales que comentamos no parece haber sido significativa en cuanto a la percepción de una agilización de los procedimientos.
Los profesionales del sector solemos desconfiar de estas leyes novedosas, aparentemente tan claras y drásticas, porque también conocemos cuál es la inercia y la realidad, tantas veces denunciada, de la falta de medios personales y materiales de nuestro sistema judicial. Y esa realidad es terca. Mientras, por poner un ejemplo, un procedimiento de desahucio de un local de negocio por falta de pago de la renta se prolongue durante meses y meses, pese a que las últimas reformas pretendieron que fuese un proceso urgente y rápido, mal podemos hablar de que la administración judicial funciona como un servicio de calidad a disposición de los ciudadanos.