Las primeras obras están terminadas, y las segundas, sin fecha
12 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El pleno de Cee escribió ayer un nuevo capítulo -resultaría difícil señalar cuantos van ya- en el asunto de la piscina municipal que lleva cerrada desde abril del 2016 y a la que, como mínimo, todavía le queda algún mes más para abrir. De hecho, la primera fase de las obras que pagó el Concello con 40.000 euros propios ya ha sido recibida esta pasada semana, pero hay pendientes otros trabajos por valor de 91.000 euros que aún no están adjudicados. Unas actuaciones sobre las que no existe consenso porque si bien el alcalde reitera que no son necesarias para retomar la actividad, hay voces tanto técnicas como dentro de la corporación que sí las ven precisas, porque de lo contrario consideran que podría darse la circunstancias de tener que volver a cerrar el centro deportivo para acometer estos trabajos.
En cualquier caso, lo que hizo concretamente la corporación, que es la que tiene la competencia debido a la entidad económica del contrato, fue instar a la única empresa que se ha presentado para hacerse cargo de las instalaciones, Viraxes S. L. del concejal carballés Andrés Eirís, para que subsane una serie de errores en la documentación presentada. La mayor parte son cuestiones técnicas que se podrían considerar menores, como acreditar los seguros necesarios, detalla que el personal con el que cuenta se adapta al exigido, dejar constancia de que está al corriente de pago de los impuestos autonómicos y certificar que tuvo una actividad parecida en el año 2013, ya que solo certificó los últimos cuatro años y se le exigían cinco.
Sin embargo, hay otro asunto que se presta más al debate que es el de la solvencia económica. La secretaria y la interventora consideran que debe acreditar un volumen de negocio y un patrimonio neto de 720.000 euros, que es lo máximo que tendría que pagarle el Concello a Viraxes en caso de que la piscina dé pérdidas, a razón de 80.000 euros al año. Sin embargo el alcalde, Ramón Vigo, considera que la solvencia ya está acreditada porque esta cantidad es solo una estimación e incluso podría quedarse en cero o que la empresa le tenga que pagar al Concello si hay beneficios. Además, tanto el PP, como la concejala del PSOE, Margarita Lamela, y el no adscrito Modesto Rivas apoyaron la posición del gobierno, mientras que el resto de ediles se abstuvieron.
Lamela, que se quejó de que no la esperasen para la comisión a la que llegó un minuto tarde, calificó de «sorprendente» que el informe de las técnicas municipales formule esa exigencia económica porque «resulta prácticamente imposible, por no decir imposible -no sé si las empresas de Amancio Ortega- que el patrimonio neto coincida con las cifras de negocio anual.