En términos muy resumidos, el presidente del gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijoo, vino a decirle esto ayer a los alcaldes de Soneira y Fisterra, además de los de Mazaricos y Carnota
20 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La autorización para que Ferroatlántica, ahora integrada en la multinacional Ferroglobe, pueda segregar la generación hidroeléctrica de los ríos Xallas y Grande la producción de ferroaleaciones en Cee y Dumbría, pasa por el informe que deben elaborar los servicios jurídicos de la Xunta. En términos muy resumidos, el presidente del gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijoo, vino a decirle ayer a los alcaldes de Soneira y Fisterra, además de los de Mazaricos y Carnota, que en caso de que ese informe sea negativo no hay más que hablar y la solicitud será rechazada. Si determina que las condiciones que llevaron a establecer esa cláusula contra la segregación han cambiado y la defensa del interés público de las concesiones marca un camino distinto, volverá a convocarlos. Será entonces, según entienden los alcaldes consultados, cuando habrá que entrar a valorar qué garantías se le exigen a la empresa sobre el cumplimiento del plan industrial anunciado, toda vez que la propia Xunta, o así lo interpretan algunos de los regidores, tampoco ve que por el momento existan garantías claras.
Al término del encuentro de ayer por la mañana en Santiago con Feijoo y el conselleiro de Industria, Agustín Conde; al que acudieron todos los alcaldes convocados, menos el de Dumbría, sustituido por el edil José Antonio Casais, el gobierno autonómico emitió un comunicado con el que refuerza el discurso mantenido hasta la fecha. Incide el texto en que la Xunta seguirá del lado «da lei, dos traballadores e alcaldes» con un único objetivo, el de salvaguardar «o interese público da concesión e garantindo o mantemento da actividade industrial», dentro del cumplimiento estricto de las normativas.
Feijoo, según explica el comunicado, señaló que «é o momento de deixar traballar aos técnicos e aos servizos xurídicos, que están avaliando a solicitude polo miúdo para ser o máis garantistas posible, e adoptar unha decisión conforme a dereito, evitando deste xeito caer en precipitacións nunha decisión que será vinculante». Además, reiteró su compromiso de transparencia en todo el proceso.
Esa «transparencia e cumprimento da legalidade», fue lo que le exigió a la Xunta la diputada del PSOE Loli Toja, reunida ayer en Cee con el comité de empresa.