Verano caliente en Coristanco

Antonio Longueira Vidal
toni longueira CARBALLO / LA VOZ

CARBALLO

Las imputaciones marcarán la vida municipal hasta el 18 de septiembre

21 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

La imputación del alcalde de Coristanco, Antonio Pensado, y la más que probable de los concejales de la junta de gobierno local, generan cierta incertidumbre en el Concello. Por lo menos, hasta que el 18 de septiembre, día en el que el regidor declarará en Carballo por «indicios obxectivos» de malversación, prevaricación y abuso de influencias, según costa el auto judicial. Hasta entonces se prevé un verano caliente a nivel municipal.

¿Por qué la jueza imputa al alcalde?

Cree que hay elementos de juicio suficientes para que Antonio Pensado tenga que dar explicaciones sobre determinadas actuaciones llevadas a cabo en el Concello en los últimos cinco años.

¿Por qué incluye a la junta de gobierno local?

Porque participaron, con su visto bueno, en contrataciones de obras que supuestamente no se ajustan al procedimiento legal.

¿Cuándo surge todo este proceso judicial?

A mediados del pasado año. Primero, la secretaria del Concello de Coristanco pone en conocimiento de la Fiscalía Superior de Galicia la existencia compras de material y contrataciones de obras supuestamente irregulares por parte del Ayuntamiento. Este organismo traslada el expediente a la Jefatura Provincial de A Coruña, que abre una investigación. De forma paralela la empresa Fidel Miramontes, a través de su abogado Pedro Luis Fernández Pombo, presenta, en julio una querella contra el Ayuntamiento. Alega que el Concello ha acelerado los trámites para que Gesmaga, perteneciente al grupo Alejandro Martínez e Hijos, obtuviese licencia para una planta de compostaje en A Furoca (San Paio), demorando la suya de tratamiento de lodos en Costa Redonda (Xaviña). La tercera pata de esta silla lo representa el Seprona, que inició una ardua investigación sobre facturas emitidas por nueve empresas que trabajan con el Concello de Coristanco.

¿Cuándo estalló todo?

El 12 de febrero. La jueza admitió a trámite la querella de Fidel Miramontes y la denuncia de la secretaria municipal y ordena un registro en las dependencias municipales, que se prolonga por espacio de diez horas. Acuden agentes de la Policía Judicial, del Seprona y de la Unidad Central de Operaciones de Madrid.

¿De qué acusa la jueza al alcalde?

La magistrada que lleva el caso tiene indicios objetivos de que hubo dos compras de gasoil y de una retroexcavadora «por prezos moi superiores aos do mercado». Que familiares «directos» del regidor se beneficiaron supuestamente de «material de obra» facturado al Concello. Que hubo adjudicaciones de contratos a la empresa Alejandro Martínez e Hijos «con vulneración do disposto na Lei de Contratos do sector Público». Y, por último, que hay facturas de compras de material para obras que bien o estaban ejecutadas o estaban en fase avanzada de realización.

¿Qué dice al alcalde al respecto?

Que está tranquilo y que podrá demostrar todo aquello de lo que le imputa la jueza.

¿Y la oposición?

Terra Galega, BNG y Compromiso de Galicia ya solicitaron la dimisión «inmediata» del regidor y le exigen explicaciones públicas de lo ocurrido en los últimos años. Por su parte, el portavoz municipal socialista, Miguel Ángel Rodríguez, dijo que él ya había advertido en varios plenos que el Concello contrataba obras «con prezos por riba do que fixa o mercado e sen invitar a máis empresas aos concursos públicos». Pero a diferencia de otros grupos no pide la dimisión del mandatario: «Teñen que ser os xuíces os que digan se o alcalde é ou non é culpable».

¿Y en el PP?

Nadie del Partido Popular se ha pronunciado con respecto a la imputación del alcalde de Coristanco.

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