Llevamos tiempo recibiendo noticias recurrentes sobre las dificultades para la ejecución de las proyectadas obras de abastecimiento de agua al municipio de Carballo. Las versiones son variadas y contradictorias dependiendo de donde procedan aquellas: bien del propio Concello o de la unión de empresas adjudicatarias.
En principio, nos encontramos ante unas obras básicas de infraestructuras sobre las que existe amplio consenso de su necesidad, al margen por tanto de ideas políticas, y ello por cuanto todos los estudios efectuados en el pasado han venido a poner de manifiesto la conveniencia de diseñar y construir un sistema de suministro bien dimensionado y adaptado al desarrollo urbano que ha experimentado la capital de Bergantiños en las últimas décadas. A lo que debemos añadir que la misma naturaleza de tales obras básicas es la que ha posibilitado que para su construcción se hayan concedido generosas ayudas procedentes de la Unión Europea, lo que no ha venido nada mal en épocas como las actuales en donde es difícil encontrar un euro perdido en la Administración para la realización de obras públicas.
Pues bien, si eso es así. Si hay coincidencia en la conveniencia y necesidad de las obras en cuestión. Si por suerte se ha conseguido la casi difícil financiación para su ejecución. ¿Cómo podemos encontrarnos ante una situación sobrevenida que viene a poner en peligro no solo su ejecución sino también la pérdida de las ayudas concedidas?
Hasta este momento, de lo conocido por los ciudadanos se deduce (o al menos eso es lo que parece) que nos encontramos ante una pelea más bien técnica, ceñida a si el proyecto constructivo tenía o no los estudios geotécnicos idóneos sobre la naturaleza del terreno que habría de servir de soporte a los depósitos. Como no somos técnicos en la materia tampoco estamos en disposición de dar la razón a unos o a otros, aunque lo que sí podemos hacer es criticar el modo en que se ha dilatado la discusión, hasta tal punto que ahora los plazos se vengan encima y comprometan la ejecución de la obra.
En ese sentido, quizás el Concello de Carballo debió haber mostrado mayor agilidad una vez que empezaron a salir a la luz los problemas de interpretación técnica sobre la adecuación del proyecto, puesto que para las Administraciones públicas el tiempo siempre es poco cuando se encuentran con problemas de modificados de proyectos, dada la naturaleza estricta de la normativa de la ley de contratos del sector público. Y de otra parte también es posible que las empresas se diesen cuenta de que cometieron un error de cálculo y ahora tratan de agarrarse al clavo ardiendo de esa supuesta inadecuación del proyecto para renegociar el contrato.
Pero lo cierto es que el enfrentamiento entre ambas partes ya es claro y público por lo que finalmente tendrán que ser los tribunales, como casi siempre, los que terminen dándosela a quien la tiene. Lo que sucede es que el problema no es solo ese, sino el que puede afectarnos como ciudadanos si la demora actual se convierte en imposibilidad de ejecución en plazo perdiendo las ayudas comprometidas. Y ahí sí que el Concello debe valorar debidamente el riesgo de su decisión de rescindir el contrato.