La maraña judicial de Vimianzo

CARBALLO

Los promotores de la moción fallida siguen una batalla en los tribunales

02 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

análisis

La presentación de una moción de censura contra el alcalde Vimianzo, Manuel Antelo, por parte de los tres ediles de IxV, dos del PSOE y otros dos del PP, y la imposibilidad de sacarla adelante hizo que el grupo de concejales censores emprendieran una intensa batalla judicial que se prolonga ya más de un año con denuncias que afecta a diversos aspectos de la vida municipal. Alegan que lo hacen ante la «actitude ditatorial» y la falta de respecto por las normas democráticas del regidor, mientras que Antelo replica que lo único que intentan es acosarlo y derribarlo a cualquier precio aunque eso traiga graves consecuencias para el Concello.

marzo del 2013

Vulneración de derechos. Los ediles presentaron una demanda contenciosa, que ganaron, por entender que se les había privado de un derecho fundamental como es el de participación política al no serles tramitada la moción de censura. Ese episodio desencadenó también otras denuncias, incluida una por supuesto delito electoral, que también han acabado afectando a los funcionarios responsables de la administración municipal en aquellas fechas.

abril 2013

Prevaricación. La incorporación de una integrante de las listas del BNG como secretaria de la Alcaldía ha sido recurrentemente rechazada por los opositores. Llevaron esa contratación a la Fiscalía, que decidió formular una causa por prevaricación y tráfico de influencias. La empresa para la que depende, ediles de la junta de gobierno y, de nuevo, funcionarios han tenido que declarar al respecto en un proceso que sigue abierto y que en las últimas semanas ha sido objeto de nuevos trámites.

junio 2013

Obras de A Piroga. La no convocatoria de la comisión de investigación sobre las obras de A Piroga, otro de los caballos de batalla de los opositores, les llevó a recurrir de nuevo a una denuncia por entender que el alcalde estaba vulnerando acuerdos.

Valedor do Pobo. Los concejales pidieron el amparo del Valedor do Pobo en varias ocasiones y en algunas de ellas les fue concedido. Alegaban fundamentalmente que no se les deja participar en los plenos, por impedir el regidor la inclusión o el debate de mociones, así como la incorporación debida de los ediles no adscritos a las comisiones, entre otros asuntos.

agosto del 2013

Nave de Mónica Rodríguez. El Concello realizó la revisión del expediente relativo a la construcción de una nave por parte de la empresa Manuel Rodríguez Lema, el padre de la concejala Mónica Rodríguez Ordóñez. El uso solicitado para la instalación en la licencia era supuestamente incompatible con el tipo de terreno en el que se llevó a cabo la edificación. Para la edila se trató solo de una maniobra más para acosarla y perjudicar a su familia, de ahí que también anunciase su intención de ir a los tribunales.

septiembre 2013

Autorización para la moción. La jueza del Contencioso determinó que a los concejales se les había impedido presentar la moción de censura pese a que cumplían los requisitos para hacerlo. Aún con el fallo favorable, nunca llegaron a presentarla y dos de ellos incluso han renunciado expresamente, después de otra batalla respecto a la composición de la mesa de edad que debía decidir la validez de la propuesta en caso de celebrarse el pleno en cuestión.

enero del 2013

Supuesto chantaje. La edil no adscrita Montserrat Vázquez acudió a la Guardia Civil con unas grabaciones en las que supuestamente un intermediario la chantajeaba en nombre del alcalde para que renunciase a la moción de censura. En caso contrario actuaría contra un edificio de su familia con irregularidades urbanísticas.

marzo del 2014

Acoso al arquitecto. El Contencioso obligó al Concello a reponer al arquitecto municipal, Julio Vázquez, en sus funciones. Sin embargo, está todavía por resolver el mismo conflicto por la vía penal, dado que el funcionario denunció acoso.

abril 2014

Tanatorio de Baíñas. Un particular denunció que la obra ocupa espacio público y el alcalde lo acusó de actuar en nombre de los censores, lo que le ha valido otra querella.