No hace mucho tiempo un concejal de Carballo reconocía que está demostrado que cualquier empresa puede soportar un porcentaje de maulas y que en la suya tenían el cupo cubierto. En las conversaciones interceptadas a otro edil dentro de la investigación de la Orquesta afirmaba que los funcionarios hacen lo que quieren y no lo que él les manda.
De todo hay, de lo uno y de lo otro. Quienes tienen la apatía por norma y los que están dispuestos a cumplir con sus funciones, y preservar la plaza conseguida con esfuerzo, por encima de los intereses más o menos honestos del político de turno.
Ahora están de actualidad los casos de Vimianzo y Corcubión. En el primero, el alcalde entiende que le están haciendo la cama dentro de casa y no parece dispuesto a permitirlo, aunque eso le cueste verse inmerso en procesos judiciales que, por norma, siempre tienen un margen de incertidumbre. En el segundo, el regidor también percibe que no todos quieren colaborar, pero sus decisiones de corregir supuestos vicios heredados se han topado con un serio guantazo de la Inspección de Trabajo, que va camino de afectarle incluso en lo personal.
Los políticos están para marcar directrices y los trabajadores públicos, que generalmente son quienes tienen las capacidades, para dotarlas de contenido de acuerdo a las normas y al interés común. Cuando esa balanza se rompe, podemos encontrarnos con excelentes profesionales aparcados en la cuneta o, por el contrario, con los más trepas o bien apadrinados al frente de cuestiones que les sobrepasan por todos lados.
Como la gestión y la vida misma no es más que un equilibrio de cesiones, más vale promover la capacidad de entenderse. Desde la trinchera no se ven los pies del enemigo y nunca se sabe cuándo puede llegar la patada que, por norma general, suele impactar en el trasero del buen aprovechamiento de los recursos públicos.