El mazo de la Justicia cayó esta semana sobre otro inmueble para demolerlo. Según una sentencia, las palas han de tirar una casa en Corcubión. Un caso más fruto del particular ADN social y político de la comarca que marca la tendencia natural al desorden y a construir cómo y dónde no se debe, o por lo menos no según indica la ley. De ahí estos disgustos periódicos, mientras las autoridades se lo toman como si todo esto no fuese con ellas y los afectados se zurran años y años en los juzgados a golpe de tasa judicial y costosos honorarios de letrados. Todo ello se evitaría si la policía urbanística actuase en el momento en que debería hacerlo. Así es que parece que, en principio, puede ser una bendición que haya concellos que se incorporen a la APLU (Axencia de Protección da Legalidade Urbanística). Esta semana firmó el de Carballo el acuerdo para el control de las construcciones en varios ámbitos por parte de este organismo autonómico. En fechas próximas lo hará el de Ponteceso. Un acierto. Y más lo sería si otros ayuntamientos de la zona se pusiesen a andar por el mismo camino, imprescindible para que la normativa urbanística tenga por fin sentido, y efecto.