Los grandes marrones urbanísticos se heredan de mandato en mandato. Van pasando de unas manos a otras como un clavo ardiendo hasta que el alcalde de turno se ve en la obligación de agarrarlo con fuerza por imperativo judicial.
Los mandatarios de Ponteceso y Fisterra se ven ahora forzados a responder a indemnizaciones por demoliciones de edificios ilegales que fueron levantados en tiempos remotos, cuando otros gobernaban en sus feudos. A veces ni siquiera eran de su color político los que deberían haber solucionado la papeleta, como es muy posible que los regidores futuros tengan que sacar las castañas del fuego por marrones que ahora mismo se puedan estar fraguando en estos u otros concellos.
De todo ello hay que sacar una conclusión: obrar ilegalmente puede perjudicar la salud y el bolsillo de los promotores, la paz política de los gobernantes afectados y las arcas del concello. Son demasiadas desventajas para tan poco beneficio, sin contar los perjuicios generales que recaen en la ciudadanía, que ve como sus recursos se van en reparar daños en vez de gastarlos en inversiones.