Alrededor de una decena de naves industriales de la Costa da Morte cuentan con una orden de derribo. Esta situación se produce porque las edificaciones, donde se desarrolla una actividad empresarial, están construidas sobre terrenos que no figuran como suelo industrial. Las notificaciones, en algunos casos, han sido emitidas por la Consellería de Política Territorial y sobre ellas aún cabe recurso a través de un contencioso administrativo, mientras que en otros ya son sentencias firmes de los tribunales. Entre los casos más significativos figuran la nave de la factoría de Apligasa en Cabana de Bergantiños, las instalaciones de Gerca en Vimianzo y la empresa Miramontes en Coristanco.
Otro de los ejemplos más significativos y en el que ya se está ejecutando la reposición de la legalidad urbanística es el de una nave en el lugar de As Cancelas, en Dumbría. La Consellería de Política Territorial inició en el año 2005 una apertura de expediente que ha desembocado en la orden de derribo. La zona de As Cancelas ha propiciado esta semana un cruce de acusaciones entre el Partido Popular, que achaca al gobierno local dejadez a la hora de asesorar a los propietarios de estas naves, y el alcalde, José Manuel Pequeño, quien explicó que el expediente de la Xunta fue abierto cuando gobernaba el PP en Santiago. También en Dumbría, el Tribunal de Xustiza de Galicia rechazó el 27 de enero del 2006 un recurso del propietario de una edificación, Jesús Costa Franco, que se levantaba en terreno de protección agropecuaria. La Dirección Xeral de Urbanismo ya le había impuesto una multa de 9.015 euros.
Apligasa
Una de las situaciones más complejas se da en las instalaciones que tiene la empresa Apligasa en el municipio de Cabana de Bergantiños. Esta compañía, que se dedica al desarrollo de la carpintería metálica y de PVC, tiene una orden de derribo a raíz de la denuncia de un particular. Pero, además, la factoría esta construida una parte en suelo rústico común y la otra en núcleo rural, competencia del Ayuntamiento. Los propietarios de Apligasa reconocieron ciertas irregularidades a la hora de ampliar la nave, pero alegaban que se estaban generando puestos de trabajo.
En una situación similar se encuentra la empresa Fidel Miramontes S.L., situada en el municipio de Coristanco. Esta constructora fue objeto de una denuncia por un parte de un vecino de la parroquia de Oca, que tenía una vivienda próxima a sus instalaciones. Una demanda que desembocó en la orden de demolición dictada por la Consellería de Política Territorial con fecha del 8 de octubre del 2007. El caso cumplía por aquel entonces cinco años. En el 2002 Fidel Miramontes solicitó una licencia autonómica, previa a una licencia municipal, para levantar un almacén de maquinaria y materiales para la mejora de la infraestructura rural. La Administración autonómica denegó el permiso. Sin embargo, en octubre del 2006 una inspección de los técnicos de la Consellería de Política Territorial constaron que se habían construido dos naves adosadas en las que se desarrollaba la venta de áridos y la clasificación de residuos. La resolución de la Xunta un año más tarde fijaba un plazo de tres meses para el derribo de las dos naves. El empresario recurrió a los tribunales e interpuso un contencioso administrativo.
En otros concellos como el de Laxe, Vimianzo y Zas hay otras edificaciones industriales que siguen pendientes de derribo, pero en algunos casos los ayuntamientos están tratando de salvarlas mediante la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal. El objetivo es conservar los puestos de trabajo.