El constructor del edificio que podría quedarse sin luz se considera «víctima» de Unión Fenosa
CARBALLO
Pedro López Espiño, apoderado del grupo inmobiliario Baafrey, ofreció ayer su versión del conflicto que amenaza con dejar sin suministro eléctrico a los residentes en el edificio de la calle Camelias de Carballo construido por su empresa. La situación obedece, desde su punto de vista, a que Unión Fenosa, «de una forma engañosa y torticera, reiteradamente, viene exigiendo al promotor elevadas e improcedentes cantidades de dinero en concepto de instalaciones de alta tensión, derechos de extensión de acometida, gastos de proyectos y dirección de obras, etc.».
La empresa eléctrica reclama a la constructora el pago de 36.596 euros, basándose en una resolución de la Delegación Provincial de Innovación e Industria «que, de ser cierta, pudiera resultar fraudulenta e ilegal». En concreto, Pedro López señala que la potencia necesaria para dar suministro al edificio es de 59,53 kilovatios, y la legislación establece «que cuando se trate de suministros en alta tensión y la potencia demandada no sobrepase los 250 kilovatios, la empresa distribuidora está obligada a realizar a su costa las infraestructuras necesarias».
Tampoco entiende que Industria se base, para fijar la potencia citada, en un reglamento que, según el empresario, ya está derogado. Además, expone que su empresa ha realizado la acometida y las extensiones necesarias, por lo que no debería tener que pagar a Fenosa «los llamados derechos de extensión». Por último, explica que la resolución le exige un pago de 17.141 euros por un centro de transformación, cuando «al promotor únicamente le corresponde construir un local para su posterior uso por la empresa distribuidora», como ha hecho.
Consecuencias
López Espiño alude al riesgo que corren los vecinos del edificio al seguir utilizando luz de obra, «lo que provoca una amenaza constante para la integridad de las personas, bienes e incluso para la propia red de suministro de energía, ya que puede dar lugar a un accidente de consecuencias desconocidas». Por último, denuncia el «constante chantaje» al que, dice, Fenosa «somete a los promotores, incumpliendo su obligación de prestar servicio».