ARA SOLIS | O |
13 oct 2005 . Actualizado a las 07:00 h.LOS TRANSPORTISTAS se quejan, y con razón, de que el gasóleo se ha puesto por las nubes. Aseguran que ya no les compensa coger el camión y recorrerse media España. Reclaman ayudas para que el seguir trabajando no les haga perder dinero y piden que el Estado espabile y tome cartas en el asunto. No les falta razón, y hasta aquí, tienen todo mi apoyo, comprensión y cariño. Sin embargo, no entiendo por qué aquellos que hablan del derecho a la huelga no respetan el derecho al trabajo. Aquellos que de muy malas formas -léase piquetes agresivos- boicotean los camiones de los demás y queman, como ya ha ocurrido, el esfuerzo de muchos años. Aquellos que creen tener derecho para imponer las ideas por la fuerza y que no tienen en consideración las pérdidas que están ocasionando con sus medidas de presión. No entiendo por qué se consideran los únicos afectados por la subida de los carburantes -yo también utilizo el coche a diario y es imprescindible para mi trabajo-, ni por qué piensan que una ayuda económica lo solucionaría todo. Los transportistas están jugando un pulso que quizás les dé en las narices, pero supongamos que el Estado, la Xunta o quien sea accede a bajarles los precios del gasóleo o compensarlos económicamente. ¿Utilizarán ellos ese dinero para indemnizar a aquellos a los que han perjudicado? Porque, tal vez no se hayan dado cuenta, con su huelga se han llevado por delante a los ganaderos, que han tenido que tirar litros y litros de leche; a los pescadores, que se han quedado en tierra porque nadie les garantizaba -ni les dejaban- el traslado de sus productos; a los constructores, a los que no les llegaba el material; a los tenderos, que ya no tienen qué vender y miran las musarañas, y a un sinfín de profesionales. ¿Qué harán ellos para presionar? ¿Harán después una huelga contra la huelga?