Definitivamente los ciudadanos han asumido como propia la lucha contra el cambio climático. La política no ha sido capaz de frenar durante décadas el deterioro medioambiental ni evitar que la temperatura media global siga su tendencia ascendente. Mientras tanto, la crisis climática se ha agravado lo suficiente como para vivir de espaldas a ella. La gente ha pasado a la acción. En los últimos años han surgido centenares de iniciativas por todo el mundo con un objetivo claro, elevar la presión sobre las instituciones para que se tomen medidas concretas y urgentes.

En el 2015, en Estados Unidos, un grupo de 21 jóvenes denunciaron al Gobierno por no hacer suficiente para combatir el calentamiento del planeta. El próximo mes de junio se celebrará la primera vista del caso Juliana. Desde entonces, las protestas se han intensificado. En el último año han aparecido movimientos como el Fridays For Future o Extincion Rebellion.

Algunos gobiernos han tomado buena nota de las movilizaciones y están actuando en consecuencia. El pasado 1 de mayo, el Reino Unido se convirtió en el primer país de la historia en declarar la emergencia climática. El parlamento británico aprobó la declaración tras una moción presentada por el principal partido de la oposición, el Partido Laborista. «Se trata de una medida simbólica. En realidad no obliga al Gobierno a hacer nada. No existe una definición única de «emergencia climática» pero la votación reconoce los riesgos para la vida que se derivarán de la inactividad en relación con el cambio climático y un acuerdo para actuar con la urgencia necesaria», explican desde la European Climate Foundation. 

Jeremy Corbyn, líder de los laboristas ha argumentado que «esta declaración abre el camino a nuevas oportunidades, llamando a una revolución industrial verde que vería una enorme inversión en nuevas tecnologías. Por lo tanto, se acoge como el primer gran paso hacia la adopción de medidas urgentes y drásticas».

Los activistas están calentando motores de cara al próximo 26 de junio, cuando todos los colectivos se unirán bajo una sola bandera, #TheTimeIsNow. Una movilización masiva diseñada para obligar al Gobierno a convertir en ley el cero neto de emisiones e introducir los más altos estándares de protección del clima en el nuevo proyecto de ley de medio ambiente, que podría aprobarse en otoño.

La decisión tomada en la Cámara de los Comunes obtuvo una respuesta rápida en la vecina Irlanda. El jueves pasado, el parlamento irlandés declaraba oficialmente la situación de emergencia climática. Ayer mismo se sumó el ejecutivo del cantón suizo de Zúrich.

A la espera del nuevo parlamento

La Universidad Politécnica de Barcelona ha sido la primera institución española en realizar esta declaración. «La Universidad quiere colocarse al frente de la lucha contra el cambio climático, aumentando el uso de energías renovables, el reciclaje y la reutilización», incluye el comunicado.

El Gobierno de España, uno de los países más vulnerables de Europa, se mantiene de momento vigilante. Con un ejecutivo en funciones y un parlamento inoperativo ahora mismo resulta del todo imposible realizar una declaración de esta naturaleza. «Será interesante confirmar hasta qué punto el nuevo parlamento recién salido de las urnas será capaz de debatir con madurez y con la altura de miras que se requiere para una cuestión tan importante para nuestro país, realizando una declaración semejante y asumiendo el compromiso por acelerar la aprobación de la Ley de Cambio Climático, con la fijación de los objetivos y la integración transversal en cada una de las decisiones que pasen por nuestras cámaras», asegura Teresa Ribera, la actual ministra en funciones de Transición Ecológica.

Para ir elevando la presión, la próxima semana diferentes organizaciones como Extinction Rebellion Spain, Greenpeace, Madres4clima y Teachers4future, entre otros, tienen previsto organizar una rueda de prensa conjunta en la que se demandará la inmediata declaración de Emergencia Climática a las administraciones, Congreso, Senado y parlamentos autonómicos de España. 

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España se plantea declarar la situación de emergencia climática