Marisol Piñeiro renuncia a su acta de diputada tras confirmar el TSXG el auto de procesamiento contra ella
CARNOTA
El tribunal desestima los recursos de apelación interpuestos por la parlamentaria y el exalcalde de Carnota por la presunta contratación irregular de una trabajadora
02 dic 2015 . Actualizado a las 20:22 h.La diputada del Grupo Popular Marisol Piñeiro ha presentado en la tarde de este miércoles su renuncia, tras conocer el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que desestima el recurso de apelación que interpuso contra el auto de procesamiento.
Según ha informado el PPdeG, Marisol Piñeiro ha decidido presentar su renuncia al acta de parlamentaria de forma inmediata, con la «convicción» de su inocencia en un asunto «de marcado carácter administrativo» en el que -defiende- su intervención fue «meramente circunstancial» por la enfermedad del alcalde.
Piñeiro ha esgrimido que da este paso para afrontar su defensa «de la mejor forma posible» y «como cualquier otro ciudadano». También ha subrayado que, con esta renuncia, expresa el «gran respeto» que le tiene al Parlamento de Galicia, «representante» de la voluntad popular de todos los gallegos y convencida de que es lo mejor que puede hacer por esta institución.
Además, ha subrayado que no quiere que esta decisión del TSXG sobre su persona suponga «una rémora» en el Grupo Parlamentario y el PP, a los que ha agradecido «la confianza» que han depositado en ella todos estos años y el apoyo con el que, asegura, «siempre» le han arropado «en estos duros momentos».
«Excelente trabajo»
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha puesto de manifiesto el «excelente trabajo desarrollado» por Marisol Piñeiro durante su etapa como diputada, y confía en que su inocencia quede demostrada «lo antes posible» en los tribunales.
Tras la salida de Piñeiro, le tocaría entrar si no hay variaciones en la lista del PPdeG por A Coruña a María Teresa Cancelo, que actualmente es concejala popular en el Ayuntamiento de Santiago.
Contratación irregular en el Concello
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) ha acordado desestimar los recursos de apelación interpuestos contra el auto de procesamiento de la diputada. En concreto, señala, tras notificar el auto a las partes, que, de la instrucción realizada -tras la presentación de una denuncia por la presunta contratación irregular de una trabajadora en el Concello de Carnota- se desprende de forma indiciaria que «el contrato inicial, sus prórrogas y las modificaciones en su contenido, tuvieron lugar sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente». «No hubo por consiguiente ni oferta pública, publicidad de algún tipo, o sujeción en cuanto a la elección de la persona indicada a los parámetros de mérito y capacidad», señala el TSXG sobre el contenido del auto.
En cuanto a la participación de Soledad Piñeiro en los hechos investigados, por si pudiesen ser constitutivos de un delito de prevaricación, la Sala da por buenos los argumentos del juez instructor cuando sostiene que «es indiferente que, en el contrato de trabajo inicialmente suscrito por la señora Piñeiro apareciera el señor Oreiro como representante del Ayuntamiento».
«Pues fue ella misma quien asumió esa posición, derivada de la imposibilidad que pesaba sobre el alcalde por un problema de salud, tal y como de manera incuestionable se ha puesto de manifiesto con las declaraciones vertidas en la instrucción», señala sobre la etapa de Soledad Piñeiro como teniente de alcalde en Carnota. Además, argumenta que la posición de la diputada popular, en contra de lo sostenido por su defensa, «no se limitó a firmar aquello que simplemente se le presentó». «Existen indicios bastantes que muestran que ello no fue así y que su participación fue de todo punto activa en esa contratación carente de cualquier procedimiento administrativo de mínima consideración», apostilla.
La Sala desestima también las alegaciones del exalcalde y entiende que el hecho de que no existan informes en contra de la contratación ni del secretario del Ayuntamiento ni del tesorero-interventor no impide que existan indicios de criminalidad. Así, apunta a «la ausencia total de procedimiento para las sucesivas prórrogas y modificaciones de los contratos suscritos y su condición de alcalde al momento de efectuarlos», concluye.