a Voz de Galicia lo adelantaba días pasados: la financiación de los concellos gallegos con menos de 10.000 habitantes (que son el 30 % de la población pero ocupan el 70 % del territorio) limita su viabilidad económica. El financiamiento actual deja en papel mojado el cumplimiento del principio de acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad. Los concellos están en números rojos y 62 no son capaces de atender los gastos corrientes y su deuda por su nula capacidad de liquidez.
Mientras la Xunta anuncia la rebaja de impuestos, impone curiosas tasas a los concellos por el uso y depuración del agua, lo que denomina «el impuesto a la lluvia»: cuanto más llueve, más tienen que pagar. Las autonomías evolucionan hacia posturas nacionalistas, en demanda de más competencias, pero no ceden ninguna a los ayuntamientos, de los que desconfían de su capacidad de gestión y mucho menos a las diputaciones.
Los regidores son unos héroes por hacer frente a tantas necesidades sociales en medio dificultades financieras que van in crescendo si aumentan los intereses de los préstamos solicitados para cuadrar las cuentas. Otra cosa es plantearse si es racional exigir el mismo nivel de servicio a los concellos menores de 10.000 habitantes (que son siete de los once de Barbanza), que a los mayores de 20.000, porque los pequeños se ven obligados a entregar la autonomía municipal a la Deputación o a la Xunta a cambio de ayudas y quedan condicionados a ejercer el clientelismo ante la Administración superior. Sigue vivo el servilismo medieval (dono et concedo): te doy para que recuerdes que quien concede puede quitártelo.