Ya lo he comentado aquí algunas veces. Está bien que demandemos de las Administraciones servicios eficientes, siempre y cuando seamos conscientes de que tienen un coste que, de una forma u otra, saldrá de nuestros bolsillos. Tenemos derecho a disponer de servicios que se adapten a las necesidades y cumplan su misión.
Pero esa exigencia, y nuestra propia condición de miembros de una determinada sociedad, implica un contrapunto: nuestro deber cívico para con esa comunidad, el respeto a nuestros conciudadanos y el respeto a las normas establecidas. Nos gusten o no.
Desde ese punto de vista, son inaceptables muchos comportamientos en el uso de bienes e instalaciones públicas, del servicio de recogida de basura, en la gestión de los animales de compañía, la movilidad y cualquier otro servicio.
Un ejemplo. Basta ver como están los contenedores de la basura y su entorno, las cunetas, las zonas ajardinadas y muchas instalaciones deportivas o sociales. En general tenemos muy poca conciencia del valor de lo público, de aquello de lo que se hace un uso colectivo. No lo sentimos nuestro y por tanto no lo respetamos. Eso sí, exigimos sin ruborizarnos a la concejala, al alcalde o a la conselleira de turno que nos lo tenga igual que una patena. Incluso coincide muchas veces que los que peor uso hacen son los que más exigen.
Es verdad que el gasto de los concellos en muchas ocasiones es innecesario en todo o parte. Pero no es menos verdad que el mal comportamiento de los ciudadanos, que nunca reconocemos, aumenta de forma considerable el gasto municipal. Después viene quejarnos del aumento de impuestos y tasas.