Una de las cuestiones que nunca aborda el nacionalismo es cómo pagaría las pensiones si Galicia se independizase de España. Su mutismo es lógico. Sería imposible. Y decirlo a los cuatro vientos dudo que les granjease demasiados apoyos.
La frialdad de los números choca con el calor de los discursos ideológicos. Para ser claros, en Ourense viven más pensionistas que trabajadores en activo, y además Galicia es una de las regiones más envejecidas de Europa. Sin el apoyo de otras regiones de España, pagar pensiones y salarios públicos sería sencillamente imposible. La cooperación territorial es determinante.
Pero en esta columna no quería hablar de lo suicida de que fuerzas políticas de Galicia, País Vasco o Cataluña traten de abandonar un país que forma parte de la Unión Europea, sino que quería hablar del rechazo que existe con la expansión del sector eólico en Galicia y Barbanza. Me resulta paradójico que varios municipios vean con malos ojos aumentar el número de aerogeneradores en su territorio porque no reciben suficiente compensación económica.
Si el mercado funcionase como ellos quieren, la luz seguramente sería gratuita para sus vecinos, pero ni tendrían fibra óptica -no es rentable llevarla a núcleos rurales-, ni cobrarían pensiones en un futuro no muy lejano -no hay suficiente gente joven en estos municipios que cotice por ellos-. España, y no solo Galicia, necesita más potencia eólica. Lo exige la transición ecológica y la Unión Europea. Hace falta para contaminar menos y seguir encendiendo la luz de hospitales y colegios. Los de aquí. Y los de Madrid.