La Ley de Salud Pública

juan ordóñez buela DESDE FUERA

BARBANZA

29 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

H ace un año se aprobaba por unanimidad la Ley de Salud Pública. En una de sus disposiciones finales, la norma se refería explícitamente a la prevención y asistencia «en materia de sustancias que pueden generar dependencia», prohibiendo expresamente «la promoción de bebidas alcohólicas en establecimientos, locales y otros espacios autorizados a suministrarlos efectuada por medio de ofertas, premios, cambios, sorteos, concursos, fiestas o rebajas anunciada con nombres como barra libre, dos por uno u otras parecidas». Transcurridos 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, estamos lejos de haber erradicado dichas promociones que, mayoritariamente, tienen como objetivo y víctimas a los más jóvenes.

No es cuestión menor que las nuevas generaciones se inicien en el consumo alcohólico sin conocer sus incuestionables peligros ni evaluar adecuadamente sus riesgos. Si bien, el alcohol en forma de vino es parte de nuestra cultura, los nuevos hábitos de ingesta parecen estar variando hacia prácticas más propias de países anglosajones y centroeuropeos. No se bebe a diario, pero se bebe excesivamente en las salidas de fin de semana, en la llamada cultura del botellón. El consumo de vinos, con graduaciones alcohólicas medias entre 12 y 14 grados, se sustituye por destilados con graduaciones mucho más altas (por lo general superiores a 40 grados), de temibles efectos cuando su ingesta es excesiva.

Una de las consecuencias de la Ley de Salud ha sido el abaratamiento de las bebidas alcohólicas en muchos establecimientos que antes las ofrecían mediante las promociones que se prohibieron. Hecha la ley, hecha la trampa. El alcohol y el tabaco forman parte de nuestras costumbres, tanto como de nuestra economía, aunque a ninguna persona responsable se le ocurriría negar sus peligros. Las leyes son necesarias, pero no bastan. Aunque si se hacen, debería ser también para hacerlas cumplir. Las campañas disuasorias y educativas deben acompañar el trabajo de legislar.