La instalación de elevadores se está extendiendo y el pasado año se pusieron 48 en la zona
13 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Nadie concibe en la actualidad que pueda construirse un bloque de viviendas sin ascensor, pero las cosas eran muy distintas hace 30 años. En los municipios de la comarca hay calles en las que la mayoría de los edificios carecen de este servicio. Las dificultades para poner de acuerdo a las comunidades de vecinos a la hora de hacer un desembolso tan importante -de media, la obra cuesta sobre 60.000 euros-, así como las limitaciones de espacio que en ocasiones existen para colocar la infraestructura son los principales contratiempos para subsanar esta carencia en materia de accesibilidad.
Los inconvenientes que implica un inmueble sin elevador los conoce bien la ribeirense Juana María Cores Gude, que vive en un quinto de la calle Rosalía de Castro. Durante diez años cuidó a su madre, que no podía valerse por sí misma: «Cuando tenía que ir al hospital subían dos camilleros para cogerla», relata. Ahora es su marido el que, a causa de sus problemas de espalda, cada vez baja menos a la calle por la dificultad que le supone: «En el último mes solo salió un día». La propia Juana María Cores reconoce que a ella empieza a costarle: «Ya tengo unos años y problemas en los huesos, a medida que me haga mayor la cosa empeorará».
Explica que colocar el ascensor es relativamente sencillo, el problema es que nunca hubo acuerdo con los vecinos: «Hace 12 años, la Xunta me concedía una importante subvención porque mi madre era dependiente, pero no quisieron colocarlo pese a que se lo puse todo en bandeja». Ella, que ha residido siempre en el inmueble, se resiste a dejarlo: «Mi vida está aquí, desde que nací». Sin embargo, sabe que tarde o temprano deberá tomar una decisión: «Sin ascensor, este edificio es una ratonera».
Pese a que no son pocos los problemas que se plantean en las comunidades vecinales a la hora de acometer esta importante obra, la instalación de elevadores se está generalizando. El pasado año se colocaron 48 en la comarca, según los datos facilitados por la Consellería de Infraestruturas e Vivenda.
Ayudas insuficientes
Para contribuir a minimizar el coste que supone para los residentes, la Xunta convoca una línea de ayudas que, sin embargo, desde las asesorías que gestionan bloques de edificios dicen que son insuficientes.
La demanda es tan elevada que el dinero se agota en un par de horas. En la convocatoria efectuada por la Administración autonómica el pasado año se destinaron 1,2 millones. Solo dos bloques, uno de cinco viviendas en Ribeira y otro de 8 en Noia se beneficiaron, con 13.731 y 12.600 euros, respectivamente.
El administrador de una gestoría que lleva pisos en Ribeira y Boiro señaló que tenían previsto hacer una solicitud con cargo a las subvenciones de este año, en el que la partida económica se eleva a 2,5 millones, pero explica que desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo les aconsejaron aguardar hasta la próxima convocatoria.
Algunos propietarios, el hecho de carecer de ascensor les lleva a plantearse la posibilidad de vender su piso. Es el caso de Fina Otero, que tiene una vivienda en la calle peatonal de Boiro adquirida en la década de los setenta, cuando residía allí con su marido. Desde hace varios años, Fina Otero tiene su domicilio en A Coruña, pero explica que va al término boirense con frecuencia.
Sin embargo, manifiesta que, a sus 84 años, «subir hasta la cuarta planta me cuesta un montón». Comenta que «el ascensor es fundamental. Comprendo que resulta costoso afrontar un gasto así, pero se necesario».
Explica que la posibilidad de hacer la obra ya se planteó al poco tiempo de que el edificio, que fue comprado en obra, comenzara a ocuparse, pero no hubo consenso: «Solo nosotros y otro vecino, que acabó marchándose, estábamos dispuestos».
Ahora valora la posibilidad de ponerlo a la venta: «Si tuviera ascensor lo conservaría. Es una pena, porque el sitio es estupendo».
La confederación de personas con discapacidad pelea para que se mejore la legislación
El sonense Anxo Queiruga preside la Confederación Estatal de Persoas con Discapacidade Física e Orgánica y explica que el colectivo está trabajando para que se modifique la ley de propiedad horizontal, que constituye un contratiempo a la hora de abordar reformas de este tipo porque complica la adopción de decisiones cuando no hay acuerdo.
Manifiesta que existe una legislación sobre accesibilidad del año 1960 que se reformó en el 2013, pero manifiesta que los cambios son insuficientes.
Una de las reclamaciones que se hace desde la entidad, explica Anxo Queiruga, es que se habilite un fondo estatal que posibilite el acceso a ayudas para subsanar las dificultades económicas de personas con diversidad funcional que carecen de los medios económicos suficientes para afrontar los costes.