El golpe de Estado de Tejero, en 1981, acabó con la UCD y abrió las puertas a un cambio político de calado con la victoria socialista. La incapacidad del partido de Adolfo Suárez para hacer frente y resistir los envites desde múltiples frentes internos y externos lo dejó noqueado contra las cuerdas. Los españoles dejaron a UCD reducido a un partido de cinco diputados y enviaron a su presidente al exilio político.
El golpe de estado de los sediciosos independentistas catalanes, y la débil respuesta del Gobierno de Rajoy -!solo falta que pida perdón por haber evitado la disolución de España!-, va a acabar con el Gobierno conservador y amenaza con llevar por delante al Partido Popular. Estamos asistiendo al segundo suicidio colectivo de la derecha española, incapaz de hacer frente a una oleada de reivindicaciones a las que se han sumado hasta los pensionistas, principal granero de votos de la derecha. Los españoles estamos jartos (sic) de responder con temor a las insolentes actitudes insolidarias del pijerío independentista. ¿Acaso los pensionistas no son nueve millones y no por ello se les hace caso? ¿Acaso los funcionarios no son tres millones y, a su pesar, no se escucha su voz de mejora salarial, congelada desde el 2008? ¿Acaso se escucha a los organismos internacionales y sus propuestas de conciliación de trabajo y familia para invertir la política demográfica?.
En 1981, el afán de cambio se residenció en los socialistas y su promesa de regeneración del país. Cuando el deseo es profundo termina por plasmarse en torno a un partido y un líder, abandonando propuestas políticas de otros partidos al considerarlas difusas confusas ambiguas e indeterminadas.
En el 2018, Ciudadanos y Albert Rivera están recolectando el deseo de poner fin a una etapa de gobierno del PP, con escasas o nulas esperanzas de mejorar la cosa pública y con un único eslogan: que se cumpla la ley. Como si las leyes fueran inmutables y no pudieran cambiarse. Albert Rivera se aferra a ideas simples y claras: unidad de España y reformas. Decía León Felipe: «Dadme una idea y sobre ella construiré una Iglesia», o un proyecto político. Un ciudadano no sale de su asombro cuando presencia: desprecio al jefe del Estado, desobediencia de las instituciones catalanas a la Constitución, Mossos d’Escuadra espiando a ciudadanos contrarios al golpismo, corruptos denunciando triángulos amorosos y ventas fraudulentas de empresas públicas.
Un ciudadano no comprende que se tolere y consienta que en Cataluña no se enseñe español, que en el País Vasco se financie a cada ciudadano con 4.000 euros, mientras que en Galicia el Estado solo aporta 2.000; que en Baleares sea obligatorio saber catalán para ocupar una plaza de médico o que en Andalucía se repartan 700 millones de euros de forma caciquil. Y el Gobierno solo espera que los jueces solucionen sus problemas y se conviertan en un gobierno en la sombra. !Inaudito!.
Un ciudadano no comprende cómo el Gobierno amenace el derecho de los jubilados a cobrar una pensión ganada con su esfuerzo y reparta 70.000 millones a los bancos para que sigan engordando su cuenta de resultados.
El PP necesita un urgente cambio de rumbo si no quiere ser la principal víctima de la crisis que amenaza con aparcarlo en el desván, donde se almacenan los libros de historia