De Guindos, con su aire prepotente y fanfarrón, de listillo autosuficiente, lo ha sentenciado hace unos días tan tranquilo, como quién liquida la última empanadilla de la fuente: lo del Popular (por tanto, lo del Pastor) se ha hecho de la mejor forma, sin que haya costado un céntimo a los contribuyentes. En su cara, más dura que el cemento armado, ni un rictus que permitiese inferir la existencia de sentimientos. Lo cual hace suponer que le importan un carajo -o no los considera españoles- los más de 300.000 accionistas, a los cuales les han birlado la cartera los anteriores gestores, los últimos, el Banco de España y la propia Unión Europea.
Cuando se habla de accionistas conviene recalcar que salvo unas docenas de ellos, son particulares o pymes. Los primeros colocaron sus ahorros de jubilación (muchos gallegos provenientes del Pastor), sus ingresos por la venta de algún inmueble o negocio. Los segundos, en su mayor parte, obligados por la entidad si querían que esta les renovase las operaciones que tenían suscritas, para lo cual les aprobaban un crédito para la compra de las acciones.
Pero el asunto afecta también a la sociedad en general, que ha visto, de esta forma, como se han volatilizado 3.000 millones de euros: si esas personas o pymes no los tienen, no los pueden gastar.
Mientras tanto, los presuntos delincuentes que han perpetrado este atraco, los anteriores y los últimos, disfrutan de pagas indecentes y el ministro seguirá cobrando de todos nosotros. Y nadie aclara la sospecha de una maniobra planificada para llevar a la otrora insignia de solvencia de la banca española a valer un euro.