Vaya por delante que una no es independentista y más bien es conservacionista, pero considera -sin atisbo de duda- que la libertad y la justicia están por encima de ideologías políticas o posiciones medioambientales. No puede ser de otro modo si aspiramos a la convivencia pacífica.
Desde ese punto de vista considero que, aún alejados en sus planteamientos, a Joám Fernandes (Cake) y Antonio Vidal (O Coyo) los une el haber sufrido un durísimo recorte de su libertad, a todas luces injustificado. Ambos, supongo, habrán sentido la impotencia que produce el error cometido por el Estado a través de su aparato judicial y de sus fuerzas del orden. En ambos casos hay que añadir una más que evidente sobreactuación y la consiguiente exposición, sin motivo, al juicio y el escarnio público ¡Ojo, con ineludible responsabilidad de quién aprobó y ejecutó tales actuaciones!
Así, con dos flacos favores al Estado de derecho, cerramos el año. La operación Jaro y la operación Yuyus son dos fiascos. La primera porque Causa Galiza no es ningún grupo terrorista, ni tan siquiera que enaltezca el terrorismo. La segunda porque por presiones externas se intentó sustanciar un caso donde ni hay legislación clara ni normas aceptadas por muchos países, incluyendo el nuestro.
Eso sí, los operativos -a la americana- fueron muy vistosos y de elevado coste. El problema es que a muchas personas con sentido común les hacen dudar más del sistema y de quién lo maneja. Otra cuestión preocupante: Policía, Guardia Civil y policías locales han entrado en una espiral mediática que, aparte de ser inconstitucional, acongoja.