Cada día que pasa la incidencia del furtivismo en las concesiones marisqueras aumenta y crece la tensión entre las partes implicadas. Y que esta afirmación no se entienda como una equiparación de las mismas, nada más lejos de la opinión de quien suscribe. La cuestión, de partida, está clara: hay una actividad legal y otra ilegal. Ahora bien, como en todos los conflictos sociales, hay matices que realizar a tan primitiva y simple división. En primer lugar, el marisqueo es una actividad fallida en tanto en cuanto se desaprovecha de forma inadmisible un recurso público -de todos- sin que la Administración y el sector hayan encontrado viabilidad tras muchos años teniendo la máxima responsabilidad de hacerlo. Por tanto, poca autoridad moral tienen a la hora de recriminar a quienes sin autorización ni posibilidad de obtenerla intentan acceder al recurso por las bravas.
Desde hace muchos años (hay abundante bibliografía al respecto) los problemas del marisqueo son los mismos y no se ha resuelto ninguno, a pesar de haberse gastado importantes cantidades de dinero público. Eso sí, han existido mil ideas, un puñado de planes con nombres rimbombantes y unas decenas de personas que a buen seguro se han lucrado con ellos.
La relación contractual con el recurso es obsoleta, las estructuras sociales creadas se han demostrado inservibles y el tutelaje de la Administración, un gran obstáculo para el desarrollo de una actividad económica en el siglo XXI. Esta triste realidad la ocultaba un recurso de gran potencial que a pesar de tamaña inoperancia ofrecía los frutos suficientes para ir tirando. Pero el declive iniciado hace unos años, que se ha acelerado en las últimas campañas, comienza a encender luces de alarma. No es tarde pero comienza a urgir un cambio drástico. Los problemas medioambientales y fitosanitarios, unidos a la total falta de gestión sectorial y la desidia de la Administración, están situando esta actividad en el umbral de lo marginal.
Pero este lamentable estado de cosas en el mar ya parece algo normal. Por poner un ejemplo, una voz autorizada me aseguraba hace unos días que más de la mitad del pulpo gallego que se comercializa se hace por canales ilegales. Esta persona me diferenciaba entre furtivismo total y furtivismo a medias, entre el producto capturado por personas que no están autorizadas para ejercer la actividad y el que ponen en el mercado pescadores con licencia pero al margen de las lonjas. Incluso me hablaba de cofradías que miran al cielo y silban ante determinadas actuaciones.
El mar tiende a la anarquía y quien opera en él más. Para acabar con el furtivismo, en todas sus variantes, está bien la presión en la playa. O como en Portugal, donde en algunos pequeños puertos hay una pareja de policías que vigilan que los barcos lleven sus capturas a subastar a la rula. Pero lo más efectivo será siempre ir al canal de comercialización porque si persiste la demanda es muy difícil que cese la extracción. A poco que abran los ojos resulta muy fácil saber quién, dónde y cómo se pone el producto en el mercado. Y esto lo sabe el sector y la Administración.