Vecinos del edificio Breiro recriminaron a León que ocultase la orden de derribo

Catorce de los veintitrés puntos del orden del día del pleno celebrado el jueves en Boiro se aprobaron por unanimidad, de modo que puede decirse que la de anteayer fue una sesión de lo más tranquila para la corporación. Así habría sido, seguramente, si no fuera porque había entre el público algunos boirenses dispuestos a mostrar su malestar con los políticos locales, y lograron convulsionar el debate en la recta final. Entre esos vecinos estaban los propietarios del edificio Breiro, con una orden de derribo desde el 2009 que, aseguran, les ocultaron.

Las protestas de estos vecinos no apuntaban al ejecutivo local ni aludían estrictamente al fallo judicial que obliga a demoler sus casas, sino que dirigieron sus iras hacia el anterior equipo de gobierno, en especial hacia el ex edil de Urbanismo, Xoán León. En la sesión intervinieron tres propietarios del edificio que reprocharon a León su actitud y le pidieron explicaciones sobre las razones que le llevaron a ocultar la existencia de la sentencia de derribo a los residentes en el inmueble. Portando pancartas exigieron la dimisión del concejal nacionalista porque, aseguran, varios de ellos escrituraron sus pisos después de que la Justicia determinara que el inmueble es ilegal.

En un tono más o menos elevado, todos coincidían en sus demandas, a lo que León respondió afirmando que todos los vecinos que habían hablado con él sabían que el edificio tenía problemas y que la sentencia estaba en el expediente a disposición de los afectados.

Subida de tono

El discurso subió aún más de tono cuando le tocó hablar a una mujer de Boiro que afirma que su hija tiene graves problemas de salud después de sufrir una intoxicación hace ya diez años que achacan a la salida de gases de un supermercado de la localidad que, según dijo, no cumple la normativa legal.

Con esta intervención se dio por concluido un pleno en el que, entre otros asuntos, se aprobaron los proyectos a ejecutar con cargo al Plan de Obras e Servicios (POS) de la Diputación, demandar la transferencia a la Xunta y mejora de la carretera de Caldas a Catoira y reclamar a Portos que cumpla sus compromisos con respecto a la obra de la dársena de Cabo de Cruz, que, como recordó la oposición, debería rematar en diciembre de este año.

Al igual que los asuntos anteriores, también se aprobó por unanimidad una propuesta de ICBoiro para que se sustituyan las tuberías de fibrocemento que aún hay en Boiro por otras nuevas para acabar con las roturas. La actuación, según las estimaciones de Begoña Díaz y del propio gobierno, costará unos 139.000 euros.

400.000 ?

Obras y servicios

El Concello invertirá más de 400.000 euros en obras del POS

30.000 ?

Plan concertado

Reducción de la aportación de la Xunta para servicios sociales

2.580 metros

Tuberías

Urge cambiar unos 2,5 kilómetros de tuberías de la red de agua

3 alternativas

Pantalanes

Portos baraja tres opciones para ordenar los barcos en Cabo

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