Entre el sentido común y las leyes

BARBANZA

No me puedo imaginar lo que podrían producir los bancos marisqueros de la zona si, por ejemplo, todos los municipios contaran solamente con el sistema de depuración básico que exige la Unión Europea. Lo que ocurre con la producción de bivalvos, desde Muros hasta Rianxo, es un auténtico milagro, porque el respeto por el mar es mínimo, y no solo por parte de los que no viven directamente de sus frutos, sino incluso de los miles de trabajadores y sus familias cuyo sustento depende de este medio.

Les invito a cerrar los ojos e imaginar que no se vierte al mar ni un solo litro de agua sucia sin depurar, lo cual es una obligación de la Administración garantizar que eso no ocurra. Añada a este esfuerzo de soñar despierto que ni un solo empresario o trabajador de este medio arroja ni pintura, ni chapapote, ni redes, ni nada nocivo al agua, cosa que es de obligado cumplimiento, legal y moral. Sume a ello que los productores de marisco cuidan los bancos naturales limpiándolos y optimizándolos trasladando bivalvos de áreas con exceso de producción a otras vacías, extremo que, como el valor en la mili, se supone. Para redondear el mundo feliz en el que está instalado en este sueño, cuente con que las autoridades aplican a rajatabla la norma de que las concesiones mal administradas se pierden y pasan a manos de quienes las gobiernen adecuadamente, detalle que recoge la Ley.

Pues solamente aplicando esas pocas premisas, que, como mínimo, equivalen a lo que llaman sentido común, y, como máximo, a lo que recogen las leyes, el marisco de las rías gallegas seguiría estando en lo más alto del ránking de la calidad mundial, nivel que, aunque nuestro chauvinismo nos engañe, está en duda en los últimos tiempos.

Una buena gestión de los bancos marisqueros comprendidos en la franja costera del sur de la provincia de A Coruña permitiría, por ejemplo, incorporar al sector a muchas personas que hoy se desesperan en las listas del paro porque no hay donde trabajar. Si no se hace, no es responsabilidad de las entidades que agrupan a los productores, sino de la Administración que lo consiente pese a ser consciente de que es posible otra explotación de los recursos.