El viento sigue oponiendo resistencia

Nueve de los once concellos de Barbanza solicitaron en su día la instalación y explotación de aerogeneradores, pero todos los proyectos siguen en el cajón


La explotación de la energía eólica es la principal fuente de ingresos de un buen número de ayuntamientos del territorio español. En Barbanza, los montes están plagados de gigantes de acero, sin que ello tenga apenas repercusión en las arcas municipales y, por tanto, en el conjunto de la población. La situación podría cambiar si salieran adelante los proyectos que nueve concellos de la comarca presentaron en su día ante la Consellería de Innovación e Industria para la instalación y explotación de aerogeneradores. De momento, ninguno de estos planes, que podría incrementar hasta en cien mil euros el presupuesto anual de cada administración local ha cuajado.

Y eso que los trámites están tan avanzados que los nueve concellos afectados no solo tienen decidida la ubicación de sus miniparques eólicos -lo máximo que pueden instalar son tres megavatios, lo que equivale a uno o dos molinos-, sino que en su día incluso llegaron a firmar convenios con empresas del sector para que fueran ellas las encargadas de la colocación y gestión de los aparatos. Dos son los motivos por los que las pretensiones de los ejecutivos barbanzanos no llegaron a cumplirse.

Los ayuntamientos de Ribeira, A Pobra, Porto do Son, Outes, Muros y Carnota se sumaron a la primera de las convocatorias realizadas por la Xunta, en el verano del 2003. En aquel momento, la Consellería de Industria dio prioridad a los concellos costeros que había resultado afectados por el hundimiento del Prestige y los proyectos de seis barbanzanos recibieron el visto bueno.

Los gobiernos respectivos comenzaron entonces la odisea burocrática de buscar los terrenos idóneos, lidiando en algunos casos con la oposición de vecinos y comunidades de montes, y de forjar alianzas con empresas interesadas en hacerse cargo de la instalación de los aerogeneradores y de la explotación posterior. Ambos procesos se cerraron con éxito en todos los concellos y ahora solo falta que se ejecuten las obras.

Empresas culpables

Algunos de estos concellos con concesión para instalar parques eólicos singulares atribuyen la demora en la ejecución del proyecto a las empresas, bien sea a las adjudicatarias de la gestión de los molinos o a las que tendrían que habilitar el punto de conexión. Es el caso de Muros y Carnota. En ambos casos, existe firmado un acuerdo con Acciona pero, ante su falta de interés, los alcaldes están estudiando la posibilidad de repetir el proceso de adjudicación, haciéndolo incluso de forma conjunta.

También pretenden utilizar un punto de evacuación común Ribeira, A Pobra y Porto do Son. Estos ayuntamientos tienen previsto instalar sus molinos en A Curota, en un terreno en el que confluyen los tres municipios. El regidor sonense, Xoán Pastor Rodríguez, explicó que es probable que el proyecto se pueda ejecutar en breve: «Coa remodelación da Lei do Solo de Galicia que ven de aprobarse permitirase a instalación de aeroxeneradores en zona rústica forestal, que é a cualificación que ten a localización que nós eliximos. En canto entre en vigor a nova normativa, poderemos empezar a construír».

Las dificultades para establecer un punto de conexión mantienen en el cajón el proyecto ideado por el Concello outiense, aunque el alcalde, Carlos López Crespo, aseguró que los trámites van por buen camino: «Imos facer algún cambio, pero estamos a traballar con Gamesa para instalar dous muíños en Cando».

En litigio

Mayor es la incertidumbre que pesa sobre los proyectos presentados ante Industria por otros tres ayuntamientos de Barbanza: Lousame, Boiro y Rianxo. En su caso, concurrieron a una convocatoria que la Xunta sacó a concurso en el 2005. Obtuvieron el visto bueno y realizaron el arduo proceso de adjudicación. Cuando todo parecía marchar sobre ruedas, en el 2006 la Xunta atiende una reclamación presentada por la asociación gallega de productores eólicos y anula las concesiones a setenta de los cien concellos gallegos que tenían permiso para instalar parques singulares. Entre ellos se encuentran los tres barbanzanos.

Pese a este contratiempo, el alcalde lousamiano, Santiago Freire, señaló que la batalla no está perdida. Y es que, a través de la Fegamp, los ayuntamientos afectados presentaron un recurso que, en noviembre del año pasado, fue resuelto favorablemente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. «A sentencia anulou o acordo da Xunta polo que se derogaba o reparto eólico do 2005», manifestó el regidor. El conflicto está ahora pendiente de la resolución del Supremo. Lo que todavía no está claro es si, de ser también esta favorable a los concellos, se mantendrán las concesiones originales o se iniciará un nuevo proceso para la presentación de propuestas.

En juego están sumas importantes de dinero. Según los cálculos realizados en su día por los gobiernos barbanzanos, habría un ingreso inicial de 150.000 euros y, posteriormente, un canon anual de más de 70.000 euros. Por ello, los alcaldes ansían que nuevas aspas empiecen a girar en Barbanza.

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