La normativa determina qué lugares son susceptibles de protección y ordenación en cada municipio
13 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El plan del litoral establece que unas 40.000 hectáreas de los municipios barbanzanos son susceptibles de ordenación o conservación y determina qué lugares merecen protección especial. En esta masa de terreno están incluidas 132 hectáreas de suelo que figura como urbanizable en los planeamientos o normas urbanísticas por las que se rigen los concellos y que, sin embargo, la Xunta considera que deben blindarse contra la edificación, por lo que impedirá cualquier tipo de construcción.
Aunque el documento de ordenación del litoral está en su fase inicial de desarrollo y es muy probable que se produzcan modificaciones, con los datos que maneja actualmente Medio Ambiente puede decirse que, en la comarca, Ribeira y Boiro son los dos municipios más afectados por las restricciones impuestas para el desarrollo de nuevo suelo urbano, al menos en determinados lugares.
Veto
En el caso ribeirense, en el planeamiento en vigor figuran como susceptibles de ser urbanizadas 118 hectáreas, una extensión que el documento de la Xunta de Galicia reduce a 28. En otras 17 hectáreas determina que solo se podrán realizar actuaciones conforme a estrictos criterios ambientales y paisajísticos y en 73 veta cualquier posibilidad edificatoria.
Por lo que respecta a Boiro, y según el diagnóstico de Medio Ambiente, el plan general determina que hay 160 hectáreas que podrían urbanizarse, mientras que la Xunta reduce esta superficie a la mitad. Es decir, el plan del litoral establece que puede edificarse bajo ordenación en 83 de las 160 hectáreas, que en otras 47 solo se consentirán intervenciones muy específicas, y nunca de carácter urbanístico, y que las 29 restantes merecen la catalogación de áreas de especial protección ambiental.
Lousame es el único municipio de la comarca que no sufre restricciones en materia constructiva. En su PXOM figuran 3,70 hectáreas como susceptibles de urbanizar y el documento de la Xunta refrenda esta premisa porque considera que el terreno elegido no está en áreas consideradas de especial conservación.