Una edificación con un historial espinoso que arrancó hace ya más de una década

La Voz

BARBANZA

06 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

Ríos o más bien océanos de tinta llevan corrido ya sobre el pazo de Goiáns; una edificación con un espinoso expediente que comienza a dar bandazos hace ya más de una década, cuando sus propietarios, la familia del marqués de Revilla, deciden ponerlo a la venta. A partir de ahí, el color negro empieza a teñir su historia hasta la actualidad cuando, a falta de ver si esos cuatro millones cambian el rumbo, el edificio sigue en las fauces del abandono.

Los inicios

Desde el principio, y aunque en aquel momento BNG y PSOE estaban en la oposición, ambos partidos apostaron por que el edificio fuese público. Incluso se formó una comisión para sacar adelante esta operación. Claro está, nunca se logró la meta.

Llega la adquisición

En el año 2001 y tras muchos pasos adelante y atrás, el pazo al fin cambia de propietarios. La firma Eroski y los boirenses que ahora tienen las llaves del inmueble entran en acción. Empiezan así un buen número de reuniones y negociaciones con el gobierno local, en aquel entonces en manos del conservador Jesús Alonso. La intención del gigante empresarial vasco es montar un centro comercial en la finca del pazo, concretamente, en la zona más cercana a la AC-305. Sin embargo, para ello necesita que se haga una recalificación.

Primer convenio

Al fin, en el 2002, se firma un convenio con el Ayuntamiento, que cambia la recalificación de 56000 metros cuadrados para crear un área comercial y dos zonas residenciales por los terrenos necesarios para ejecutar el paseo marítimo de Coroño.

Segundo paso

El Partido Popular es apartado de la alcaldía sin que Eroski haya desembarcado en Boiro. Con el tripartito gobernando -BNG, PSOE y Velo- se echa abajo el primer convenio urbanístico. En el 2007, se firma un segundo acuerdo: el edificio quedaría en manos del Concello siempre y cuando se cediesen terrenos urbanizables a Eroski. De momento, todo quedó en papel mojado. La Xunta nunca dio luz verde y en el Concello asumen que está en punto muerto.