El pacto contra el transfugismo le resta derechos, pero no impide que un edil expulsado apoye las cuentas
01 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Ante la inminencia de la aprobación de los presupuestos municipales, el PP volvía ayer a la carga, acusando al alcalde de la ciudad, el socialista Alberto Varela, de «ser tan tránsfuga como Miguel Alves» y de causar «un daño irreparable» a la ciudad. La andanada de los conservadores se fundamenta, pues, en la situación en la que Alves quedará en el pleno en el caso, harto probable, de que Esquerda Unida concluya el expediente disciplinario abierto contra él con la expulsión del concejal. Con ello, los populares abren el debate sobre una figura tristemente célebre a lo largo y ancho de la España política. A tanto llegó el problema en su momento, que la práctica totalidad de las formaciones en liza alcanzaron en 1998 un pacto al respecto, que fue reeditado en el 2000 y el 2006. ¿Pero qué sucede en realidad con Alves y las cuentas de la capital arousana a la luz de aquellos acuerdos?
Recurramos, para empezar, a la definición de transfuguismo a la que se atiene el pacto: «Se entiende por tránsfugas a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo -manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de estas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad». La expulsión de Alves está meridianamente cantada. Pero, a la vista de esta definición, nada le impide apoyar o rechazar cualquier iniciativa, presupuestos incluidos, siempre que su voto no comprometa, a favor o en contra, el gobierno de la ciudad. No es el caso, puesto que ni el edil crítico se pasará al grupo socialista, ni apoyará una moción de censura en contra de los criterios de EU.
El pacto, de hecho, crea una figura específica para estos casos, la del concejal no adscrito, que carece de derechos económicos y no puede representar al Concello en otras instituciones. Guste o no, esto es lo que hay.