La plataforma habla de un delito ecológico y pide la dimisión de Franco
24 jul 2014 . Actualizado a las 13:14 h.No han tardado en producirse las reacciones al informe en el que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil concluía que la Autoridad Portuaria de Vilagarcía vertió, entre abril y mayo, escombros, plásticos y restos de asfalto, procedentes de la obra del ferrocarril, en la dársena 2. El anuncio de que la Xunta sopesa la apertura de un expediente sancionador a la institución que preside Sagrario Franco, desvelado esta semana por el PSOE, fue valorado ayer tanto por el alcalde de la ciudad, Tomás Fole, como por la Plataforma en Defensa da Ría, colectivo del que partió la denuncia inicial.
El regidor popular echó mano de su capacidad retórica para evitar pedir, directamente, explicaciones a su homóloga en el Puerto, y sortear cualquier connotación de enfrentamiento institucional a cuenta de un tema harto incómodo. Es más, Fole aseguró no tener conocimiento de los movimientos de la Consellería de Medio Ambiente y el Seprona, además de reiterar su «confianza en la gestión que realiza la presidenta del Puerto, Sagrario Franco». No obstante, acabó afirmando que el gobierno que dirige «se interesará» por lo ocurrido, dando por hecho que Franco ofrecerá las oportunas explicaciones ante su consejo de administración. Ravella no preguntará a través de los representantes populares, matizó, pero sí aprovechará la iniciativa que ha planteado el consejero socialista, Lino Mouriño, al respecto. Tampoco perdió el alcalde la ocasión de lanzarle su particular pulla a Mouriño: «Habría que recordarle que como consejero representa a la corporación, no al Partido Socialista, y que como poco debería haber informado a la corporación y a su presidente, que en este caso soy yo», apostilló.
Mucho más contundente es la opinión que todo esto le merece a la PDRA. Su presidente, Xaquín Rubido, considera que la Autoridad Portuaria ha realizado un ejercicio de «ocultamento da realidade á opinión pública», cuestión que le parece lo suficientemente grave como para pedir «a dimisión da presidenta e unha explicación do partido político que a nomeou». Es decir, el PP.
Las actuaciones de la plataforma no se limitarán, en todo caso, a exigir la asunción de responsabilidades de tipo político. Sus abogados, explica Rubido, están estudiando la posibilidad de acusar de la comisión de un delito ecológico «ás persoas responsábeis» de lo ocurrido con el proyecto denominado «rehabilitación del asiento de la banqueta del muelle de la dársena 2».