La Audiencia de Pontevedra devuelve la instrucción a Vilagarcía
15 ene 2014 . Actualizado a las 06:56 h.La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra acordó ayer devolver al juzgado de Vilagarcía una causa por narcotráfico con diez imputados, entre los que se encuentra Víctor Manuel García Paz, Vitriño. De este modo, los magistrados dieron la razón a las defensas, que insistieron en que no se había dado traslado del escrito de acusación del ministerio público a los representantes legales de los posibles responsables civiles en caso de una sentencia condenatoria.
Esta decisión contó con el apoyo del fiscal antidroga. De hecho, en su escrito, Luis Uriarte ya instaba a que se diera traslado de estas actuaciones a cinco personas en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Según se desprende de este texto, se trata de individuos, de ambos sexos, que eran propietarios de distintos vehículos que, siempre según el fiscal, eran utilizados habitualmente por alguno de los encausados.
En el caso de Víctor Manuel García Paz, se habla de un Volkswagen Tuareg, mientras que en el supuesto del principal imputado, Juan Miguel García Santos, se reseñan un Audi A8 y un Volkswagen Touran.
Los magistrados capitalinos, en todo caso, dejaron claro que su decisión de devolver al juzgado esa causa no supone una nulidad de actuaciones, como había solicitado alguna defensa.
En esta misma resolución leída en sala, se rechazó realizar una toma de muestras de ADN a Vitriño para su posterior análisis. Otros aspectos que fueron impugnados fueron todos aquellos relativos a la cadena de custodia de la droga intervenida en el transcurso de esta investigación.
Este operativo, que inició la UDYCO de la Policía Nacional en diciembre del 2008, se desarrolló a lo largo de los meses siguientes y, presumiblemente, determinó que García Santos «desarrollaba una intensa actividad de cocaína y, en menor medida, heroína». De este modo, el fiscal mantiene que, «en algunas ocasiones, llevaba a cabo funciones de intermediación en la venta, poniendo en contacto a vendedor y comprador y obteniendo con ello una ganancia económica (...) y, en otras, adquiría él directamente la sustancia estupefaciente para, después de adulterarla o cortarla, venderla nuevamente».
Si en su caso se piden nueve años de cárcel y multa de cuatrocientos mil euros, para Víctor Manuel se solicitan cuatro años y medio y multa de sesenta mil euros. El fiscal sostiene que este último estaba «íntimamente relacionado» tanto con Juan Miguel como con su hermano José Luis García Santos, de tal modo que se pudieron determinar «numerosos contactos entre ellos que tenían como finalidad el tráfico ilícito de cocaína».