La empresa esperará a la resolución de la apelación para tomar decisiones
03 jul 2013 . Actualizado a las 06:56 h.Garavilla está dispuesta a apurar hasta la última herramienta a su disposición para tratar de evitar la reapertura de la fábrica de Cuca en Vilaxoán. El juzgado de lo Social número dos de Pontevedra emitía hace unos días un auto en el que reconocía que procedía la ejecución provisional de la sentencia, tal como había solicitado el sindicato Comisiones Obreras. Ayer mismo, los servicios jurídicos de la empresa presentaban en la sede judicial un recurso contra esta decisión. Estiman, según explicaba un portavoz de Garavilla, que hay motivos para apelar la decisión judicial, así que han optado por hacerlo.
Es más, desde la compañía conservera añaden que esperarán a que el juzgado se pronuncie sobre este nuevo recurso antes de tomar ninguna decisión sobre el cumplimiento de la sentencia. Un fallo, hay que recordar, que Garavilla también ha recurrido y que implica la anulación del traslado de la plantilla a O Grove y del ERE que la empresa aplicó para que esa marcha fuese posible.
El auto judicial
El auto de la jueza en el que se reconocía la procedencia de la petición de Comisiones de que la sentencia debía ejecutarse de inmediato, contra el que no cabía recurso, se acompañaba de un decreto de la secretaria judicial en el que requería a la empresa para que cumpliese los términos del fallo. Es contra este último documento contra el que sí cabía recurso en un plazo de tres días que Garavilla ha aprovechado.
La ejecución de la decisión judicial tendría que suponer el regreso de la plantilla, ahora incorporada en su totalidad a la planta de O Grove, a Vilaxoán, y la recuperación de la actividad en esta planta vilagarciana. No es un cambio menor, puesto que en las instalaciones grovenses trabajan ya casi setenta operarios procedentes de Cuca. Por no hablar de que buena parte de la maquinaria ha sido trasladada a la factoría meca y que debería ser ya reintegrada a Vilaxoán.
Eso en lo que se refiere al traslado. Pero es que, además, la sentencia anulaba el ERE que la empresa aplicó desde el mes de enero, al regreso de las vacaciones de Navidad. Esto implicaría que los 69 trabajadores afectados por el expediente de regulación no habrían consumido paro y que Garavilla debería hacerse cargo de la totalidad de sus salarios durante este tiempo.
Los términos de la sentencia suponen, pues, un severo traspiés para la empresa vasca, que trata de evitar su cumplimiento. Mientras, la plantilla exige que se acate el fallo y que se ejecute punto por punto. En caso contrario, tal como advertía Francisco Vilar desde el sindicato CC.OO., podría entenderse que la empresa está infringiendo la ley.