Los problemas de la Administración para reaccionar


Aunque el grupo Esabe-Sequor cuenta con importantes clientes en el sector privado -el complejo de Ence en Lourizán, sin ir más lejos, donde los impagos a la plantilla son bien conocidos- el principal pedazo de la tarta que lleva años comiéndose se cocina en lo público.

La pregunta a la que urge responder ante una situación como esta es por qué la Administración sigue pagando por un lado a quien le está defraudando por otro. Empresas como Alcoa o Barreras, asegura la CIG, no han tenido problema para rescindir sus contratos con Sequor. En palacio, en cambio, las cosas van mucho más despacio. Solo la Consellería do Mar parece haber conseguido sacarse de encima a una compañía que entre otras instalaciones vigilaba el Intecmar de Vilaxoán.

Tal vez la fragmentación de los contratos, uno por cada edificio en lugar de su agrupación en grandes concursos, tenga bastante que ver, tal y como han denunciado en varias ocasiones los sindicatos. Lo cierto es que, mientras el tiempo pasa, los problemas se van multiplicando en toda España. Madrid, el País Vasco, Valencia o Andalucía, donde un trabajador de Esabe Sevilla se suicidó acuciado por sus dificultades económicas, ofrecen múltiples ejemplos de la necesidad de que la Administración reaccione.

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