En la provincia se tramitaron 856 expedientes de este tipo en el 2011
15 nov 2012 . Actualizado a las 06:54 h.Parece que ha pasado una eternidad, pero aún no hace tanto tiempo que comprarse un piso formaba parte de los planes de todo aquel ciudadano de a pie que tuviese unos ingresos fijos. En aquellos tiempos de vacas gordas, ni siquiera los disparatados precios servían como elemento disuasor: el mercado inmobiliario parecía mucho más sólido de lo que era y muchos empeñaron un elevado porcentaje de su nómina en la adquisición de una vivienda digna. Luego llegó el estallido de la burbuja, el fin del sueño. Comenzaron los problemas y llegaron los desahucios. Solo en los juzgados de Vilagarcía y Cambados, y solo en los primeros nueve meses del año, se han tramitado 112 reclamaciones presentadas contra propietarios que no pueden hacer frente a los pagos de sus deudas.
La cifra resulta escalofriante. Máxime, si tenemos en cuenta que las ejecuciones hipotecarias son solo una de las fases iniciales de ese proceso, amplio y desagradable, que da forma al temible desahucio: la expulsión de una familia de la vivienda en la que ha construido su hogar.
Del número de ejecuciones hipotecarias que acaban convertidas en un drama familiar y social no se dispone de estadísticas fraccionadas por juzgados. Ese es un trabajo de recopilación y cómputo que, hasta ahora, no se realizaba. Pero el Consejo General del Poder Judicial sí ofrece datos del número de expulsiones realizadas en la primera mitad del año en toda la provincia: fueron un total de 1.257 lanzamientos.
Veamos con más calma los datos que afectan al conjunto de Pontevedra. En el primer semestre del año, en la provincia se realizaron un total de 691 ejecuciones hipotecarias. La cifra cobra su dimensión real si se compara con datos de años anteriores: el año pasado se abrieron 856 expedientes de ese tipo, 866 en el 2010, 839 en el 2009. Son, hasta ahora, los años más duros de la crisis. Antes, en el 2008, las ejecuciones de hipotecas en Pontevedra provincia dieron pie a 576 casos. Una cifra que se queda muy lejos de las 266 ejecuciones de hipoteca tramitadas por las entidades bancarias en el 2007, en los estertores de la bonanza económica.
La tendencia apuntada por los datos estadísticos es clara. Lleva siéndolo varios años sin que desde la Administración se tomasen medidas para corregir una situación que ha terminado convertida en un auténtico problema social, en un motivo de alarma y preocupación que ha forzado tanto al Gobierno como al principal partido de la oposición (PSOE) a sentarse a consensuar medidas que pongan fin a estos auténticos dramas sociales.