Las trabajadoras de Alfageme saben que esta semana es clave para desenredar su futuro. Y no pararán. Ayer intensificaron sus protestas sembrando una alfombra de latas caducadas y cajas vacías en la entrada de la Diputación. Optaron por movilizarse en la sede provincial para exigirle al presidente Rafael Louzán su parte en el proceso, según explicó al término la portavoz de la CIG, Rosa Abuín.
La plantilla espera que la Consellería de Industria dé una respuesta sobre la adjudicación un mes después de cerrarse el plazo de presentación de ofertas para las dos plantas de O Salnés.
El retraso en este proceso ha llevado a los administradores concursales a presentar en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra un escrito para pedir la subasta. Temen que esa fecha pueda salir al final de esta semana y una vez hecha pública, ya no habrá marcha atrás. «Se pode mercar para especular, os terrenos están en primeira liña de praia, incluso non ten por que ser do sector. Pode ser a propia Xunta a que vaia á subasta e adquira eses bens e logo os adxudique ás súas empresas amigas, que eu penso que é por onde vai a ir situación», explicó Rosa Abuín.
Al grito de Alfageme solución, las trabajadoras han decidido intensificar sus protestas para hacerse oír en la semana clave. La plantilla defendía ayer la adjudicación antes que la subasta, ya que llegar a esa fase permitiría la venta por separado y «é a única opción que non garante os postos de traballo», indicó Abuín, que ayer acudió a la sede de la Diputación arropada por los representantes sindicales de la CIG en la ciudad.
El desembarco en la sede provincial llegó ayer después de movilizarse en los concellos de Vilagarcía, Cambados y O Grove, en los que también esparcieron latas de conserva. La escena también se repitió en la sede de la mancomunidad de O Salnés, que el lunes aprobó una declaración exigiendo a la Xunta que actúe con decisión para mantener en la comarca una empresa que genera 150 empleos. Este pleno resultó bronco y acabó con el BNG abandonando la sesión en señal de protesta. El presidente de la mancomunidad, Gonzalo Durán, reprochó entonces la actitud de este grupo y ayer abundó en sus críticas «por vir agora de salvapatrias». Sus dardos los dirigió, sobre todo, a la concejala vilagarciana María Villaronga, de quien dijo que es una persona «inestable» y advirtió de que «non lle vou permitir máis este comportamento, que se tome unha tila antes de vir aos plenos».
Mientras, a los sindicatos llegó ayer una noticia que no hizo sino ennegrecer todavía más el panorama que ven ante sus ojos. Según explicaba Rosa Abuín, la Xunta ha dado cinco días a una de las empresas que se han presentado al concurso para que subsane errores en la documentación. «É unha tomadura de pelo que o que fai é retrasar máis o proceso», se quejaba Abuín.
Ante esta situación, los sindicatos exploran la vía judicial. La CIG estudia esta mañana con sus asesores la posibilidad de denunciar al conselleiro de Industria, Javier Guerra, por prevaricación. La CGT presentó ayer un escrito ante el fiscal superior de Galicia, con el que espera reunirse en los próximos días.