Pocos días antes de que expirase el plazo de exposición pública de la ordenanza reguladora de la actividad de las collareiras de O Grove entró en el registro del Concello una alegación que firman 33 vendedoras, con el fin de que se modifiquen varios aspectos del documento.
Cuando en junio salieron a la calle con las pancartas para pedir que se cambiara el controvertido reglamento, el alcalde les pidió que canalizasen sus reivindicaciones por la vía administrativa. Así lo hicieron, aunque no bajo el paraguas de la asociación que dijeron que iban a crear. La asociación aún no ha sido constituida de manera que la alegación ha sido presentada con carácter particular, aunque de forma conjunta.
Las quejas
Sus quejas siguen siendo las mismas que hace dos meses: se oponen a que se les impongan obligaciones fiscales que ahora no tienen; a los requisitos que se establecen para obtener la licencia de vendedora y, por su puesto, al epígrafe de infracciones y sanciones. En el reglamento aprobado inicialmente hace dos meses en pleno se deja sin definir cómo y dónde se podrá ejercer la actividad, pero las collareiras ya han oído rumores de que en el Concello quieren reducir a dos los cinco grupos que operan actualmente en la isla de A Toxa. Así que, poniendo la venda antes que la herida, ya han hecho saber, vía alegación, que se oponen a este cambio.
Una vez cumplimentado el trámite, este grupo de collareiras, que afirman representar a la mayoría del colectivo, están a la espera de ser recibidas por el alcalde con el fin de discutir sus propuestas.
A la espera de la reunión
«Falando enténdese a xente», indicaba ayer una de ellas, Marisa, aunque sin albergar demasiadas esperanzas sobre la posibilidad de que sus reclamaciones sean tenidas en cuenta. En ese caso, advierte, ella está dispuesta a luchar para defender su puesto en A Toxa con uñas y dientes. «De aquí non me movo. Só pido xustiza. Fálase de que nós facemos competencia desleal, pero non se fala da competencia desleal que outras fan hacia min. Eu teño que traballar para manter aos meus fillos», indicó.
Marisa compatibiliza la venta de collares con el marisqueo, como otras compañeras, y esto la sitúa en la tesitura de tener que darse de alta en la seguridad social por ambas actividades. Dice que mantener este gasto le resulta insostenible y por eso reclama vías intermedias «para poder seguir facendo o que fixemos toda a vida». No parece que este tipo de demandas vayan a prosperar dado que la concejala de Comercio, Vitoria Canoura, ya dijo por activa y por pasiva que la ley está para ser cumplida. En todo caso, el reglamento aún no ha sido aprobado de forma definitiva.